Alfredo Martínez de Aguilar
A partir del rechazo del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSUS) es obligado advertir que ocurrirá lo mismo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Llegar a esta conclusión con gran responsabilidad es resultado del análisis objetivo de los hechos que provocaron el rotundo fracaso de la instalación del CIRRSUS en San Lorenzo Albarradas.
De ninguna manera pretendo ser agorero del desastre o ave de mal agüero y mucho menos emisario del pasado, por el contrario, se trata de coadyuvar con el Gobierno del Estado de Oaxaca.
La decisión del Congreso del Estado y la injerencia del gobernador Salomón Jara, al extinguir el TJAO y crear el TJACCEO, atenta contra la garantía constitucional de su plena independencia.
Ante ello, los magistrados integrantes del desaparecido Tribunal de Justicia Administrativa del Estado interpondrán una demanda de amparo y presentarán una controversia constitucional.
La Corte seguramente dará un revés al Gobierno de Oaxaca, al eliminar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.
Así lo hizo la SCJN en el caso del Congreso de Veracruz, que extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV) para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV).
La razón no es simplista ni menos simplona, la eliminación del TJAO dinamita su independencia, garantizada totalmente por la división de poderes establecida en la Constitución federal y local.
Además, al no realizarse una consulta libre, previa, informada y de pleno consentimiento a los pueblos indígenas y comunidades indígenas de Oaxaca, correrá la misma suerte que el CIRRSUS.
Era obligado hacerlo constitucionalmente, como lo demandan Organizaciones indígenas que se manifiestan con respecto a la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca.
Lamentan los pueblos indígenas que sigan siendo solo folclor para la Guelaguetza, pues la reforma es contraria a la Constitución Local y vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
No consulta a los pueblos indígenas, pese a que la reforma constitucional cita como fundamentos la normativa internacional y nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Ello afecta gravemente el derecho colectivo de los pueblos indígenas al desarrollo y a la justicia, denuncia la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
La Red Nacional Indígena y Fuerza Ciudadana afirma que la reforma claramente hace nugatorio el derecho de las comunidades y agencias al acceso a la administración directa de sus recursos.
Derechos que venían ejerciendo en la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aseguran Kintiltik, A.C., ECMIA, Mano Amiga de la Costa Chica, A. C. y Colectiva Chicatanas.
Consorcio Oaxaca, Consejo de la Judicatura Federal y Colectivo Mujer Nueva, reclaman que ni siquiera se nombre a un indígena o afromexicano en las nuevas magistraturas de la reforma.
60% de la población del estado se autoadscribe indígena y donde ventilarán asuntos de naturaleza indígena, recuerda el Comité Damián Gallardo y Mujeres Mazatecas que Miran a favor de la Tierra.
El enérgico posicionamiento de las organizaciones indígenas de las diferentes regiones del estado al gobierno de Salomón Jara, también es suscrito por la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca.
Una vez más, se confirma que falta visión, sensibilidad y experiencia al Jefe de Gabinete, responsable de la coordinación de las áreas de la política interior que garantice gobernabilidad.
Otra vez el gobierno del ingeniero Salomón Jara es motivo de escándalo nacional como resultado de un nuevo conflicto innecesario, al igual que lo fue su colega de Veracruz, Cuitláhuac García.
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