Moisés MOLINA
El gran tema de conversación de esta semana fue la propuesta de 20 reformas
constitucionales que el Presidente de la República envió al congreso y publicitó
ámpliamente por todos los medios a su alcance.
Más allá de su pertinencia y su utilidad, esas 20 iniciativas han rendido los
frutos políticos del cálculo presidencial: colocarlas en el centro de la agenda del
proceso electoral presidencial.
Y es que se ha hecho costumbre que las elecciones en México se rijan bajo las
reglas de los concursos de popularidad y simpatía.
El electorado pondera todo tipo de atributos en los candidatos y pierde de vista
que son personificación es de un proyecto de nación.
Ese proyecto de nación en forma de plataforma electoral y propuestas de
campaña debería ser la base para debatir y el único parámetro para decidir por
quién votar. En resumen, no se debía votar por la persona, sino por el proyecto.
Hoy sucede, sin embargo que tenemos un presidente dueño de las
percepciones, de la agenda pública y hoy, del debate electoral.
El presidente como una especie de predicador dicta lo que es bueno y lo que
es malo y su palabra es el único idioma permitido en el debate político y
electoral.
Es el primer proceso electoral en donde la agenda no la ponen los candidatos.
A las candidatas y al candidato el Presidente les impuso la melodía y la letra
para bailar el slam del proceso electoral.
¿Cómo logró el Presidente eso que escandaliza tanto a los juristas?
Pues haciendo bien eso que los juristas apenas están aprendiendo y
ensayando: comunicando en el idioma de la gente, del “pueblo”.
Mientras el Presidente le habla al grueso de la población, los agraviados (aún
pudiendo tener la razón) siguen hablando entre sí con un lenguaje que sólo
unos pocos comprenden y que sólo llega a una minoría.
Las reglas del debate cambiaron. No se convence con argumentos y las
falacias son fácilmente comprendidas, aceptadas y reproducidas por quienes
tienen esa simpatía personal con el Presidente.
