En los primeros nueve meses de administración de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha dado muestras de firmeza, responsabilidad y sensibilidad en casos de trascendencia social que en su mayoría involucran a mujeres, niñas, niños y jóvenes, en los cuales se ha actuado con perspectiva de género y de infancias, así como con apego al debido proceso en el compromiso institucional de garantizar que cada persona tenga la certeza de que sus derechos serán defendidos y los delitos sancionados con rigor.
Como lo ha manifestado la Magistrada Presidenta, la firme aplicación de la ley debe ir acompañada de un compromiso con la justicia social. No se trata solo de aplicar sanciones, sino de comprender el contexto de cada caso y actuar con sensibilidad, escuchando a las partes involucradas y considerando las circunstancias que rodean cada situación.
Sentencia ejemplar de 120 años
El pasado 23 de septiembre, por el delito de Violación Equiparada Agravada, cometido en contra de dos menores de edad, hechos ocurridos en la población de Huautla de Jiménez, región de la Sierra de Flores Magón, un hombre identificado con las iniciales J.P.D., fue sentenciado a 120 años de prisión, además de imponérsele una multa económica superior a los 779 mil pesos y el pago económico por concepto de reparación del daño en abstracto.
En la audiencia de debate se desahogaron diversas pruebas ofrecidas por el órgano acusador, como es el Ministerio Público, las cuales consistieron en las declaraciones de las propias víctimas, la de su progenitora, las de testigos de cargo, de agentes estatales de investigación y de los peritos en psicología y en biología; por su parte, la defensa del sentenciado no ofreció pruebas.
Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Circuito Judicial de Valles Centrales, que conocieron del asunto, encontraron pruebas suficientes para acreditar los delitos de Violación Equiparada Agravada, así como para concluir que el acusado J.P.D. fue el responsable de las agresiones sexuales hacia las víctimas en cuatro momentos diferentes, al interior del domicilio que habitan.
Con esta sentencia ejemplar, se demuestra que se cumple con la impartición de justicia, como lo espera la sociedad oaxaqueña, y que se imparte justicia con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y de infancias.
Se castigará ejecución extrajudicial
En el caso del homicidio, en su modalidad de ejecución extrajudicial -tipo penal recién creado en la legislación oaxaqueña-, en agravio del estudiante Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y de lesiones hacia Christopher J.R.M., el asunto fue judicializado el pasado tres de septiembre y fueron vinculados a proceso dos elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, quienes permanecen en prisión preventiva.
En estos momentos, el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y al concluir el tiempo establecido la Fiscalía General del Estado deberá formular acusación para continuar con las demás etapas del proceso penal; es decir, la intermedia, y posteriormente el juicio oral, donde se sancionará a los responsables de los delitos.
Se concedieron cinco meses para el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público, pugnando porque en todos los procesos se cumplan de manera eficiente los principios del debido proceso, y que bajo el principio de igualdad procesal se les dé a todas las partes la oportunidad de ejercer su derecho a la prueba y a la contradicción.
Cero tolerancia en casos de muertes de mujeres
En seguimiento al caso ocurrido en San Francisco Lachigoló, Tlacolula, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado al presunto agresor de una mujer -médica de profesión- encontrada sin vida y con huellas de violencia, identificado con las iniciales E.P.G., a quien se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso.
Los hechos sucedieron el pasado cinco de septiembre en un aserradero ubicado en esa comunidad de los Valles Centrales, donde de acuerdo con las investigaciones la pareja de la víctima T. M. A. C., la agredió con un arma blanca, para posteriormente ir a tirarla a un terreno, donde fue visto por la policía estatal, que procedió a su detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
En la audiencia de término constitucional, que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2024, se vinculó a proceso al imputado por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio agravado.
En caso de la saxofonista María Elena Ríos actuación conforme a derecho
En relación al caso de la saxofonista María Elena Ríos, en el proceso judicial que se sigue a Juan Antonio V.C. por la presunta comisión de tentativa de feminicidio, en todo momento la institución ha actuado conforme a derecho y respeto al debido proceso, tomando las medidas necesarias para asegurar que se integre de manera efectiva la perspectiva de género en todas las etapas.
El proceso judicial continua y aún no se dicta sentencia a los acusados, quienes permanecen en prisión preventiva. Sin embargo, la Magistrada Presidenta ha puntualizado que en este, como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores.
En las diferentes etapas del proceso, se ha actuado conforme a derecho y respeto al debido proceso, atendiendo la perspectiva de género, además de que han sido escuchadas cada una de las partes.
Actualmente, de forma responsable y escrupulosa, derivado de este caso, la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura investiga presuntos actos de corrupción de uno de los jueces que, en su momento, tomó conocimiento de la causa.
Justicia para Majo
Otro de los casos en los que se intervino de manera inmediata fue el de ocurrido en San Francisco Telixtlahuaca, a finales del pasado mes de febrero, donde la joven Majo que estaba acompañada de sus dos hijas menores de edad, en una transmisión en vivo alertó con una señal de sus manos que necesitaba ayuda porque estaba en peligro, por lo que personas que la veían avisaron a la policía que detuvo al agresor.
En su momento, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, al imputado identificado con las iniciales J.M.F.R., quien continúa su proceso privado de la libertad.
En conclusión, la firme aplicación de la ley es esencial para un sistema judicial que aspire a ser justo y equitativo. Sensible a ello, el Poder Judicial del Estado tiene la responsabilidad de ser un garante de la justicia, actuando con integridad y determinación, y asegurando que todos los ciudadanos se sientan protegidos y valorados en su búsqueda de justicia.
