DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar
* Se exige revisar el estado físico y mecánico del transporte público y taxis, urbanos y foráneos, y revisar el estatus de sus concesiones, que clonan para traficar con estas, y retirar a los que contaminan.
* Importante es apoyar la decisión de aplicar la Ley para revocar las concesiones a quienes utilicen el transporte público para bloquear calles y carreteras, y no ceder a las presiones de los transportistas.
Ante la creciente inconformidad ciudadana cada día más generalizada contra la Verificación Vehicular, con sensibilidad política y social, el Gobierno de Salomón Jara reculó en su aplicación.
Son innegables los beneficios que trae consigo la correcta y adecuada Verificación Vehicular al medio ambiente, así como a la protección y cuidado de la calidad del aire en la capital oaxaqueña.
Sin embargo, después de anunciarse la puesta en marcha del Programa en los últimos días se acrecentó la inconformidad de los propietarios, poseedores y conductores del parque vehicular.
Estos últimos demandan una solución integral a la contaminación ambiental más allá del Programa de Verificación Vehicular, empezando por el retiro de los autobuses que contaminan.
Exigen revisar el estado físico y mecánico del servicio de transporte público, así como de los taxis urbanos y foráneos, y revisar el estatus de sus concesiones, que clonan para traficar con estas.
Proponen cobrar los dos semestres de la Verificación Vehicular en el pago de la tenencia y no cobrar doble en el segundo semestre, y publicar los nombres de los dueños de los Verificentros.
El Gobierno del Estado anunció una suspensión o moratoria en lo que resta del 2024 a los operativos de la Policía Vial Estatal relacionados con el programa de verificación vehicular.
El Secretario de Gobierno, Jesús Romero López dijo que la medida busca reorganizar el programa y evitar generar mayor corrupción, toda vez que no entregan recibos oficiales de tipo fiscal.
Además, se tiene conocimiento que en algunos verificentros el servicio es lento e ineficaz, y hay personas que se ofrecen a otorgar el certificado sin necesidad de la revisión presencial.
Según denuncia en redes sociales, Manuel Valdez en la Secretaría de Medio Ambiente estatal y Germán Morales en la delegación de la Semarnat presuntamente exigen 50 mil pesos por autorizaciones ambientales.
Más importante es la advertencia del titular de la Secretaría de Gobierno de aplicar la Ley para revocar las concesiones a quienes utilicen el transporte público para bloquear vías públicas.
El tema no es asunto menor, sino incluso materia de seguridad nacional ante los chantajes de los grupos de presión de los sindicatos de transportistas con vínculos con el crimen organizado.
Para el Gobierno federal, estatal y municipales, no son desconocidas las presiones y chantajes de los sindicatos de transportistas radicales, como el propio Jesus Romero López lo reconoció.
Indispensable es que los diversos sectores sociales en general, pero particularmente, quienes se ven afectados por los bloqueos de calles y carreteras apoyen la revocación de concesiones.
Actualmente, hay 17 procedimientos en curso para revocar concesiones y cinco personas han sido detenidas por afectaciones a las vías federales de comunicación con el bloqueo de carreteras.
Al mismo tiempo, también se le está dando seguimiento al caso de los taxistas detenidos en Cuilapam, quienes tras un accidente vial, comenzaron a agredir con machetes a su contraparte.
Faltó socializar el Programa de Verificación Vehicular con los afectados económicamente por el pago de derechos, lo que dejó la impresión de que se trataba de una imposición gubernamental.
El humor y ambiente social se tensó y polarizó más y generó un conflicto innecesario, al no entregarse recibos ni hologramas oficiales en los Centros de Verificación Vehicular Autorizados.
La falta de cuidado en la instrumentación del programa con la expedición de simples Notas de Remisión en los Verificentros dejó un mal sabor de boca y olor a escandalosa corrupción.
Esta impresión se generalizó por la no menos escandalosa corrupción en los Alcoholímetros en algunos municipios como Santa Lucía del Camino donde fue asesinado el estudiante Diego Paz.
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