DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar
* Se ha utilizado el sistema normativo indígena o interno, para justificar acciones violentas de autoridades locales o como respuesta a la falta de soluciones a conflictos de manera colectiva.
* Los expedientes iniciados por la Defensoría de los Derechos Humanos de 2010 a 2023, se concentran en 77 municipios y 103 localidades de la Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales.
La radiografía del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca diagnostica la magnitud y dimensión de la gravedad del problema que viola diversos derechos humanos.
La Ombudsperson Maestra Elizabeth Lara Rodríguez presentó el resultado de la investigación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en el Congreso del Estado.
Oaxaca ocupa el sexto lugar a nivel nacional en desplazamientos forzados internos con 5,449 personas afectadas durante el periodo 2016-2020, y 4,499 personas desplazadas de 2010 al 2023.
En 2023, los desplazamientos se dieron principalmente en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México y en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Los desplazamientos en el norte son causados por la violencia e inseguridad por el narcotráfico y la delincuencia organizada, y en el sur por conflictos de carácter territorial, político y religioso.
En los últimos años, la presencia del narcotráfico, delincuencia organizada y grupos paramilitares han ocasionado en los estados del sur, el desplazamiento masivo de comunidades indígenas.
Por ello, la DDHPO presentó en enero de 2024 al Congreso del Estado la Iniciativa activar medidas urgentes de salud, alimentación, justicia, educación, vivienda y asistencia social en el caso de las personas desplazadas internas.
En Oaxaca han existido desplazamientos masivos desde los 70 por proyectos de desarrollo y años más tarde por la violencia, siendo afectadas principalmente personas de comunidades indígenas.
Detonante de los desplazamientos o detenciones arbitrarias es la aplicación de multas o castigos a personas de la comunidad por no cumplir algún cargo o profesar una religión distinta a la mayoría.
Se ha utilizado el sistema normativo indígena o interno, para justificar acciones violentas de autoridades locales o como respuesta a la falta de soluciones a conflictos de manera colectiva.
Los desplazamientos vulneran el derecho a la propiedad o posesión de las personas desplazadas, además de un conjunto de derechos entre ellos, el derecho a la libertad y seguridad personal.
Violan derechos a la educación, alimentación, libertad de tránsito, a una vida libre de violencia, a participar en asuntos públicos, a la libertad de culto, al agua, a la vivienda, al trabajo y a la salud.
Con 156 expedientes, de los cuales a la fecha han sido concluidos 103 y 53 aún se encuentran en trámite, el 91 % de los expedientes fueron casos que se presentaron en comunidades indígenas.
Los expedientes iniciados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 2010 a 2023, se concentran en 77 municipios y 103 localidades de la Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales.
Las autoridades señaladas como responsables fueron Presidente, Alcalde, Síndico, Agente y Administrador Municipal, Comisariado de Bienes Comunales y Representante de Núcleo Rural.
Asimismo, se señala como responsables a autoridades estatales o federales por omisión o falta de garantía en la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas en la entidad.
Mayormente, son señaladas las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Asistieron el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio López Sánchez, y la Presidenta de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez.
El Coordinador del Albergue “Hermanos en el Camino”, José Alejandro Solalinde Guerra, y en representación del Gobernador Salomón Jara la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo, Flor Estela Morales Hernández, y diversas organizaciones sociales.
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