Dirigentes sociales y magisteriales rechazaron cualquier relación con la guerrilla, argumentaron que realizan vida pública y más que impulsar movimientos radicales, son promotores activos de los derechos humanos.
Manuel Olivares Hernández, a quien informes supuestamente confidenciales del gobierno federal y estatal señalan como ex integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que coordina el Centro de Derechos Humanos de Chilapa, manifestó que nunca ha trabajado en la clandestinidad y que sus actividades siempre las ha desempeñado en forma clara.
Actualmente funge como secretario técnico de la Red de Organismos de Derechos Humanos, tiene 53 años de edad y refiere que el trabajo difundido este martes en Milenio Diario, lleva la intención de preparar una embestida contra el movimiento social en Guerrero.
“Es preocupante como pueden armar toda una serie de datos y hechos para fabricar nexos y militancias que no existen; están hablando de varias personas que se dedican a la defensa de derechos humanos incumplidos en un estado con muchas contradicciones, pero que de ninguna manera incitan a la rebelión”, aseveró el dirigente.
Olivares Hernández, indicó que tras la aparente cordialidad de los representantes del gobierno federal y estatal, con los que se ha reunido en diferentes ocasiones, hay una estrategia encaminada a eliminar personas que les resultan incómodas.
“Realmente esto causa mucha indicación porque se maneja información muy delicada, versiones que al menos yo en lo personal niego contundentemente”.
Lamentó que antes de difundir el texto del martes 7 de enero, no se le haya buscado para compulsar la información que se difundió, misma que fue proporcionada por instancias como inteligencia militar o gobernación federal.
“Nos preocupa el hecho de que se difundan noticias que son elaboradas por instancias en donde no hay mucha inteligencia; porque esa forma de hacer las cosas puede provocar el encarcelamiento, desaparición o asesinato de algún dirigente”.
No descartó la posibilidad de que los dirigentes mencionados en el supuesto reportaje soliciten el derecho de replica de manera conjunta, pues contrario a lo que se menciona, viven abiertamente y expuestos a que se les agreda impunemente.
“Si no lo hice cuando era joven, pues mucho menos ahora”, destacó en torno a la supuesta militancia en movimientos subversivos.
Me persigue hasta el INSEN
Bertoldo Martínez Cruz, presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) recordó que ya en 1997 fue llevado a prisión por su presunta participación en la guerrilla.
Pasó tres años en el penal federal de Puente Grande Jalisco, acusado de motín; sedición, rebelión, conspiración, ataques a las vías federales de comunicación y robo de vehículos.
En el 2000 recuperó su libertad a partir de que ganó los procesos iniciados en su contra, los supuestos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) nunca se acreditaron y se reincorporó a la lucha social pacífica.
De hecho, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Ajís, principales líderes del ERPI capturados en 1999 nunca reconocieron el contacto con el también ex líder del Movimiento 6 de Marzo.
Martínez Cruz refiere que tiene 58 años de edad, no ha formado parte de organizaciones que reivindiquen la lucha armada y que seguirá en el movimiento social, porque en Guerrero hay muchos problemas no resueltos.
En tono irónico manifestó: “Antes nos perseguía el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional; ahora nos persigue el INSEN (Instituto Nacional de la Senectud), ya estamos viejos para que nos liguen con esas cosas”.
Minervino Morán Hernández, ex vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) recordó que el 15 de diciembre el magisterio disidente nombró una nueva dirigencia, por lo que él ya es solo un profesor más de los casi 80 mil que trabajan para el sistema educativo de la entidad.
Recordó que en 2007 fue responsable de una comisión de convergencia que tuvo la misión de restablecer la relación de la CETEG con las organizaciones sociales, lo que lo llevó a mantener comunicación permanente con policías comunitarias, grupos de estudiantes y organismos de derechos humanos.
A partir de la aparición conjunta con diferentes actores, dijo que se pudo establecer la conexión que ahora se le adjudica para relacionarlo con supuestos grupos de guerrilleros, lo que deja en evidencia una mala interpretación de la información registrada en los apuntes de Gobernación estatal y federal.
Morán Hernández enfrenta un proceso judicial derivado de las querellas que se promovieron en su contra al calor del movimiento magisterial de 2013, en ninguna se hace referencia a conductas que inciten a la rebelión ni mucho menos a conspirar contra el Estado.
Por esa razón, sostuvo que lo difundido el martes en Milenio Diario le generó un poco de extrañeza y preocupación, por lo que no descartó la posibilidad de solicitar en su momento el derecho de replica, para que su silencio no implique otorgar crédito a lo que se dio a conocer.
