Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró en Mérida su rechazo a la existencia de las llamadas autodefensa y pidió al Senado su intervención para restablecer el estado de derecho en el caso de Guerrero.
Subrayó que no hay ninguna justificación para que grupos de personas armados en la calles pretendan ejercer justicia por propia mano, pues más que ejercer un derecho humano es ponerse por encima de la ley.
“Cuando un gobierno decide abandonar el ejercicio de su función y dejar a la sociedad a la deriva y es ahí donde su surgen grupos de autodefensa como los demostramos en el caso de Guerrero”, subrayó el ombudsman.
Dio a conocer también que la CNDH ha solicitado al Senado que tome conocimiento del informe que emitió en diciembre pasado y puedan adoptar las medidas para que se restablezcan el orden jurídico en ese estado.
Llamó a que se evite que continúen miles de personas pretendiendo ‘justicia por propia mano’, ya que están “rebasando los propios límites que la ley establece”.
Plascencia dijo estar enterado que la Comisión Permanente del Senado Mexicano recibió el informe y espera que se empiece a analizar y se le dé seguimiento hasta que puedan restablecerse las condiciones en ese estado y también eventualmente en Michoacán.
Afirmó que los llamados grupos de ‘autodefensa’ responden a la falta una aplicación de la ley y que cada quien asuma el compromiso y el deber que le corresponde.
El estado, continuó, tienen un deber elemental: brindar seguridad a la sociedad. Si el estado, como es el supuesto de Guerrero, rehúye a ejercer esa función, eso explica el porqué del surgimiento de las autodefensas, pero no las justifica”.
En otro tema, cuestionado respecto a la visión internación que se tiene de México en materia de respeto a las garantías individuales, expuso que México ha avanzado de manera muy importante en el tema de los derechos humanos.
“No estamos en el nivel ideal que quisiéramos pero estamos en mejores condiciones que otros países de Centroamérica, de África, de Asia, de Sudamérica, pero estamos a favor de que se vayan adoptando, no sólo el discurso de los derechos humanos, sino también acciones que nos permitan tener mejores resultados, que sean más favorables para la vigencia de los derechos humanos”, indicó.
Recordó que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 obliga al estado a capacitar a los servidores públicos, a toda la sociedad en general y también, convencer a quienes no están convencidos en respetar los derechos humanos de que hoy por hoy las cosas han cambiado y hay mucho por hacer.
En este contexto, afirmó que durante el 2013 la CNDH observó una disminución de las quejas en contra del Ejército en alrededor del 50 por ciento. Esto, dijo, derivado de la intensa labor de capacitación, de promoción de los derechos humanos y también de una mayor voluntad en cuanto al respeto de los mismos por parte de las fuerzas armadas.
Por otra parte, instó a las fiscalías y procuradurías estatales a certificarse en la materia, a fin de generar mayor certidumbre entre la población.
En Mérida, donde certificó a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, señaló que la certificación en Derechos Humanos es el resultado del trabajo iniciado a partir de convenios de colaboración como instrumento para cumplir con su función en estricto apego a la ley.
El Ombudsman nacional dijo que los servidores públicos deben estar conscientes de que cuando se lastiman los Derechos Humanos no sólo se afecta a quien es víctima del abuso, sino también a la sociedad, y más aún a la institución a la que pertenece ese servidor público.
“Los Derechos Humanos no están peleados con la justicia, por el contrario son el mejor elemento para proteger y resguardar el buen desempeño de todos los servidores públicos ya que garantiza a la sociedad el cumplimiento de sus funciones con estricto apego a la ley”, indicó.
