El dirigente estatal del PAN, Juan Mendoza Reyes, denunció que en la designación de 12 administradores municipales prevaleció el “reparto de cuotas y pago de favores políticos”, situación que pone en alto riesgo la estabilidad social de la entidad.
Y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII legislatura local, el priista Alejandro Avilés Álvarez, y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Anselmo Ortiz García, se repartieron los 12 municipios que mantienen conflictos postelectorales, ya sea porque no se realizó o no se validó la elección municipal.
Avilés ha sido acusado entre sus propios correligionarios de vender candidaturas a diputados y presidentes municipales durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, mientras que Ortiz arrastra acusaciones por un presunto desvío de al menos cinco millones de pesos, de cuando fue tesorero en la Legislatura anterior.
Por lo pronto, al PRD le asignaron cinco municipios; al PRI otros cinco, mientras que al Social Demócrata (PSD) uno; Nueva Alianza otro, y quedan tres pendientes de repartir.
Al respecto, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, Natividad Díaz Jiménez, deslindó a su grupo de los acuerdos que se dieron en el seno de la Junta de Coordinación Política (JCP) para los nombramientos de los administradores y dijo que tampoco los avala.
Y acusó que por “intereses, mezquinos y perniciosos” de los diputados Alejandro Avilés y Anselmo Ortiz están en riesgo la gobernabilidad de la población, la paz social y la certidumbre de estas comunidades.
“En Acción Nacional no podemos quedarnos callados y ver cómo los acuerdos en lo oscurito pueden más que la ley y las normas que nos rigen. Cómo (prevalecen) intereses de cacicazgo y de influencia que por años lo único que han concedido a nuestros pueblos es marginación, exclusión y pobreza”.
El dirigente del PAN estatal destacó por su parte que los 12 nombramientos no contribuyen a la estabilidad política y mucho menos a la democracia en el estado, pues pareciera que esta determinación se realizó a espaldas del pueblo oaxaqueño, sin su consenso y sólo para favorecer intereses de grupos.
La elección fue minuciosa: Avilés
Y aunque el presidente de la JCP argumenta que se realizó un “estudio minucioso de perfiles y un ejercicio mesurado y de consensos para coadyuvar a la estabilidad política y la gobernabilidad”, en los hechos los conflictos que enfrentan estos municipios sirvieron para colocar a amigos e incondicionales, aparte de que la lista no fue sometida a la aprobación del pleno.
Por ejemplo, el PRI nombró a Oscar Pérez Cabrera, tío del senador priista Eviel Pérez Magaña, como administrador de San Mateo del Mar.
De igual forma, en San Luis Amatlán fue nombrado Dámaso Nicolás Martínez, exdiputado local priista y recientemente administrador en San Raymundo Jalpan y al que responsabilizan de ejercer un cacicazgo en Santiago Choapan.
En ese último municipio el PRI nombró a Jorge Orlando García Sánchez edil de Santiago Jocotepec, pese a que ha sido señalado de diversas irregularidades, y en Santo Domingo Ixcatlán colocó a Vicente Noriega Betanzos, quien fue designado a propuesta del diputado priista Adolfo Toledo Infanzón.
El PRD no fue la excepción. Designó a Carlos Alberto Holder Gómez como administrador en San Juan Ozolotepec, pese a que en los inicios de su carrera política fue secretario particular del expresidente del Congreso Bulmaro Rito Salinas; posteriormente del mismo Avilés Álvarez; del diputado federal perredista Rosendo Serrano Toledo, y del defensor de los derechos humanos Arturo Peimbert.
En San Mateo Peñasco nombró a Cuitláhuac Victoria Huerta, quien había sido administrador de Santo Domingo Ixcatlán, y es señalado de formar grupos armados, mientras que en Santiago Camotlán ratificaron a Luis Manuel Bautista Velasco.
En San Juan Tamazola puso a David Martínez García y, en San Miguel Tlacamama, a Roberto Basurto Caballero, excandidato a diputado local del PRD.
A propuesta del diputado del PSD, Manuel Pérez Morales, en San Sebastián Teitipac fue nombrado Julián Hernández Soto, y a propuesta del legislador del Panal, Jefté Méndez Hernández, en San Pedro Topiltepec fue designado Javier Cruz Chávez.
Debido a la reforma constitucional que se realizó en 2013, se quitó la facultad al gobernador, en este caso a Gabino Cué, de nombrar administradores municipales, y esa decisión recayó en el Congreso local.
