La estrategia nacional contra el secuestro plantea un trabajo coordinado de inteligencia entre las instancias del gobierno federal con los gobiernos de los estados donde este delito tiene sus niveles más altos, de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad.
El trabajo para combatir este flagelo se centrará en entidades como Morelos, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas, donde se concentran 64% de los casos de privaciones ilegales a la libertad a nivel nacional.
Según las fuentes del gobierno federal consultadas, a partir de la colaboración entre ámbitos de gobierno se pondrá mayor atención en las cárceles y penales estatales y municipales, ya que a pesar de que la ley señala que deben existir inhibidores de llamadas telefónicas, en la práctica es algo que no funciona. Desde los centros de reclusión las bandas de secuestradores y extorsionadores siguen operando.
La estrategia continuará con el modelo de división regional en que se segmentó el país, para combatir y reducir los delitos que más impacto tienen en la sociedad, afirmaron las fuentes consultadas.
En diciembre del año pasado, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidenteEnrique Peña Nieto reconoció que este delito ha registrado un aumento en los últimos 11 meses debido a la falta de atención inmediata y con eficacia, por lo que planteó la construcción de una nueva estrategia nacional.
El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación, establece que el secuestro se disparó 32% a nivel nacional en dicho periodo, en comparación con el mismo de 2012.
Las denuncias por privación ilegal de la libertad de enero a noviembre de 2012 fueron mil 196, mientras que en el mismo periodo de 2013 sumaron mil 583.
Es decir, se perpetraron así 387 plagios más en los últimos 11 meses, que fueron denunciados ante las procuradurías y fiscalías de las 31 entidades federativas y el DF, sin contar la llamada “cifra negra” de los secuestros que no son reportados ante las autoridades correspondientes.
Analizan estrategia
El miércoles pasado, 10 gobernadores del país se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el propósito de analizar la estrategia de combate al secuestro.
Al encuentro asistieron los mandatarios de Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El martes 7 de enero, Osorio Chong dijo que la nueva estrategia contra el secuestro se anunciará la próxima semana, y que incluirá la creación de una unidad especial dedicada a luchar contra este delito.
Organizaciones no gubernamentales consideraron que hace falta nombrar un comisionado o un zar antisecuestro, pero Osorio Chong dijo que tal figura no existirá. Aseguró que habrá un encargado de la unidad y que el nombre y cargo se darán a conocer también la próxima semana.
En contraste con las cifras oficiales, un reporte de Alto al Secuestro afirma que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 18 de diciembre de 2013 se denunciaron 2 mil 235 privaciones de la libertad, el índice más alto de este delito desde 1997, cuando la organización comenzó a llevar el reporte de la incidencia.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, aseguró que ellos participaron en la formulación de la estrategia, en la cual plantearon al gobierno federal la creación de un “comisionado presidencial antisecuestros” que tenga todo el respaldo del Presidente de la República para atender este delito. Así como crear un plan diferenciado para atacar este flagelo en los estados considerados como críticos.
“Nosotros pedimos que se focalizara mucho el esfuerzo dentro de los estados más peligrosos en el tema de secuestro, que es el Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Una cuestión aparte es Michoacán, donde la situación de la entidad es bastante compleja”, comentó la activista.
Manifestó que su propuesta fue que la Federación entre al tema e identifique y someta a la ley a las organizaciones más sanguinarias en secuestro, en lo que se preparan las unidades antisecuestro de las entidades.
Miranda manifestó que este delito no se ha resuelto por falta de voluntad política.
