La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación tres acuerdos en materia de justicia penal, otorgamiento de subsidio a municipios del país y demarcaciones del Distrito Federal en seguridad pública, y por el que se regula la presentación y uso de uniforme del personal del INM.
En el primer documento se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014.
De igual forma, indica las bases y requisitos para destinar el subsidio así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos que se aprueben a las entidades federativas.
Ello, con el fin de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
El subsidio se debe destinar de manera oportuna a los operadores del Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas, cuyos proyectos resulten aprobados por el Comité de Subsidios, conforme a lo previsto en las políticas, en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos, así como en la demás normatividad federal aplicable.
La disposición indica que el Comité de Subsidios, instancia formada al interior de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal encargada de dictaminar y resolver la aprobación o no aprobación de los proyectos presentados por las entidades federativas.
El ordenamiento señala que los proyectos que presenten las entidades federativas, deberán elaborarse de acuerdo a los formatos básicos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (SETEC), que incluyen los requisitos para la implementación de proyectos del Sistema de Justicia Penal.
El ordenamiento precisa que las entidades firmarán un convenio de coordinación a más tardar el 31 de marzo de 2014 en el que se comprometan a cumplir con las políticas, requisitos y acciones de cada uno de los proyectos que se detallen en los anexos técnicos que al efecto se suscriban y que formarán parte del convenio.
El documento indica que los recursos federales se entregaran en dos aportaciones, la primera será equivalente al 80 por ciento de la totalidad de los recursos asignados y se realizará dentro de los 30 días siguientes después de haber suscrito el convenio de coordinación.
Mientras que la segunda aportación, equivalente al 20 por ciento restante, se otorgará una vez que el Comité de Subsidios haya determinado con base en la evidencia que el recurso suministrado en la primera aportación ha sido comprometido de acuerdo al objetivo establecido en el anexo técnico correspondiente.
La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2014, con excepción de los casos que a esa fecha se encuentren pendientes, para lo cual continuará su vigencia hasta en tanto se encuentren concluidos dichos asuntos.
En un segundo acuerdo, la Segob dio a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento de subsidio destinado a la seguridad pública.
Para ello se tomaron criterios de elegibilidad como: población, incidencia delictiva, y cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por otros por la alta incidencia delictiva.
El documento precisa que a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles se les aplicara el 40 por ciento de la aportación para el criterio de población; 35 por ciento para la incidencia delictiva y 25 por ciento para la cobertura a municipios.
Por otro lado, la Segob dio a conocer el acuerdo por que se regula la presentación personal y el uso de uniforme de los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Migración, con la sobriedad y pulcritud que deben caracterizar al personal que lo integra.
De esta manera, indica el documento, todos los servidores públicos adscritos al INM deberán portar el uniforme oficial como se establece en el presente Acuerdo, conforme a las funciones que desempeñen.
La disposición menciona que el Comisionado del instituto, a través de las unidades administrativas competentes deberá realizar las acciones pertinentes para que los migrantes, el público usuario y la sociedad en general identifiquen por su uniforme a dichos servidores públicos.
