La conflictividad municipal en las elecciones por sistemas normativos internos (SNI), como se preveía, aumentó considerablemente, pues de 82 municipios que presentaron controversias en 2010, en 2013 ascendieron a 137; y en una decena más en que se apoyó en la organización de los comicios; además, por mandato de los tribunales se atendieron las elecciones de cuatro agencias municipales también con conflictividad interna.
Pero, en sentido contrario a las predicciones catastrofistas -u optimistas para algunos actores políticos- de que habría un centenar o al menos una cincuentena de administradores municipales, esto no sucedió. Por ello es oportuno hacer un balance de lo que aconteció en las elecciones de 417 municipios de la entidad.
Las elecciones por SNI mostraron la fortaleza de este régimen, la ciudadanía de estos municipios aprendió de experiencias pasadas, al tiempo que presentó una renovada confianza en los mecanismos institucionales y mostró su capacidad de cambio y de construcción de consensos. Son paradigmáticos los casos de San Pablo Etla o Santa María Sola, que abrieron nuevos canales para la representación política de las agencias municipales, sin trastocar los gobiernos de las comunidades-cabecera, ni los sistemas normativos internos. O el de Nuevo Zoquiapam que mostró la fortaleza de la asamblea comunitaria, a contracorriente de las disputas con el ayuntamiento en funciones. Y sigue siendo mayoritario el número de municipios que en ejercicio pleno de su autonomía, únicamente comunican al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) los resultados de sus asambleas.
Además, se contó con un nuevo marco normativo, tanto por la reforma electoral de 2012, como por los Lineamientos para la Mediación emitidos por el Consejo General del IEEPCO en 2013. Ambos instrumentos permitieron dar un nuevo cariz a la atención institucional a los municipios con controversias.
Por supuesto hay pendientes, lagunas, contradicciones internas y presiones externas en estos municipios. Los conflictos entre facciones, requieren nuevos acuerdos entre las fuerzas locales. El tema de género necesita avanzar de manera más consistentes, aún cuando ahora se dieron pasos pues hay 8 presidentas municipales y presencia de mujeres como concejales propietarias y suplentes en 111 ayuntamientos (en el periodo precedente lo había en 71). Es necesario avanzar en un marco de un diálogo intercultural y entre géneros para apuntalar este necesario cambio en las comunidades oaxaqueñas.
Los conflictos entre agencias y cabeceras requieren de un rediseño institucional, que considere el papel histórico que en Oaxaca tiene la comunidad como célula básica de gobierno de los pueblos indígenas y la figura artificial que representa el municipio en gran parte del territorio estatal. Por eso, el Consejo General del IEEPCO recomendó en una decena de casos, con base en la alternativa que establece la legislación, la revisión en los siguientes tres años del marco normativo interno, para ajustarlo a nuevas condiciones que garanticen la representación política de todas las comunidades que integran el municipio.
No escapan por supuesto, las prácticas nocivas y los vicios que se han acrecentado también en este tipo de comicios: compra y coacción del voto; persistencia de cacicazgo en algunos lugares; la búsqueda del poder y el dinero en vez del servicio a la comunidad. Temas que habrán de resolverse también por las comunidades, en ajustes normativos dentro de sus sistemas, como ya sucede en distintos municipios.
A contraparte, hay serios déficits en la concepción y tratamiento de este régimen electoral por parte del propio órgano electoral, por las instancias del gobierno estatal y por algunos criterios jurisdiccionales que lejos de armonizar el conflicto entre derechos individuales y colectivos, ponderan la preeminencia de los primeros.
Un tema que ejemplifica esta situación es el presupuesto propuesto por el IEEPCO y asignado por el Congreso local a la atención de este régimen electoral, que al revisar las cifras incluso podría calificarse de racista. Para la atención de estos municipios se canalizaron en 2013 poco más de seis millones de pesos. Cifra superada tan sólo por un mes de gastos de los 153 consejos municipales en el régimen de partidos políticos, que sólo en gastos de nómina y renta de inmuebles erogaron 7 millones mensuales (sin considerar gastos como papelería, combustibles y demás); en total, por los tres meses y medio que funcionaron se destinaron casi 25 millones de pesos para estos comicios también municipales; esto es 400 por ciento más que el destinado en un año al régimen de Sistemas Normativos Internos con un universo más amplio (417 municipios).
Las comparaciones no dejan lugar a dudas de este trato discriminatorio. Las personas dedicadas a las tareas de los consejos municipales en el régimen de partidos suman 918 -entre consejeros, secretarios y presidentes de consejo-, sin contar al personal de apoyo que eventualmente tuvieron. En cambio, los mediadores en SNI, en su punto máximo sumaron una veintena. Y es de destacar que al número de conflictos atendidos debe sumarse que por vez primera se efectuaron consultas comunitarias en diez municipios; también por vez primera el IEEPCO ordenó la reposición del procedimiento en 8 municipios.
Por eso, la dirección de SNI hubo de apoyarse con algunos otras áreas del instituto; y es de reconocer que cumplió con creces su trabajo. Basta señalar que en 2010 aunque fueron menos los municipios atendidos por el órgano electoral (82), el 60 por ciento terminaron con administradores municipales (esto es 6 de cada 10); ahora los municipios en los que hubo intervención institucional aumentó (150) y no fue ni el 10 por ciento (1 de cada 10) en donde no hubo acuerdos.
En este tema, como en general se vio en el proceso electoral 2013 en ambos regímenes, hay un serio déficit en el fortalecimiento de la institucionalidad y la cultura política democrática, pues mientras algunas áreas del instituto electoral se sumaron con compromiso y eficiencia; otras aunque más reacias cumplieron con su responsabilidad y, algunas áreas y servidores públicos, ya sea por la inercia antidemocrática, por mala fe o por intereses facciosos, se dedicaron a entorpecer una tarea que por compromiso y responsabilidad atañe a todos. Como también es claro, que distintos partidos y actores políticos trabajaron para obstaculizar la solución de los conflictos con miras a acrecentar el número de administradores municipales, mismo que hemos visto se designan con criterio de cuotas partidarias.
Por eso sólo desde el desconocimiento de estos procesos -entendible, que no justificable, en la opinión pública que no tiene la información suficiente; lamentable para quienes conocerlos es parte de nuestras tareas y responsabilidades- se puede afirmar temerariamente que hubo exceso de personal dedicado a estas tareas, que se incumplieron con las metas, que no hubo la capacidad para enfrentar las controversias. Al contrario, y pese a las deficiencias e insuficiencias que en una visión autocrítica se debe reconocer que se presentaron, el órgano electoral dejó de ser factor de conflicto como lo era antaño.
La gran lección que nos deja el proceso electoral 2013 es que hay pendientes que resolver tanto en el reconocimiento y respeto a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas; en el ejercicio y los ajustes normativos que tienen que realizar la ciudadanía de estos municipios; como en el fortalecimiento institucional para su atención.
