La evolución del fenómeno delictivo en Michoacán llegó a un nivel tal de descomposición que no será sencillo encontrar la solución del problema, toda vez que es complicado saber por dónde empezar, consideró el consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández.
El ex titular de la Procuraduría General de la República refirió que el tipo de violencia que a él le tocó enfrentar cuando encabezó dicha dependencia es muy diferente de la actual, pues era otro tipo de actividad delincuencial que se manifestaba de forma muy diferente.
Entrevistado en el acto donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, presentó la obra colectiva “Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana”, Cabeza de Vaca declinó proponer algún camino para regresar a Michoacán la legalidad y la paz.
Destacó que ya no es parte del Poder Ejecutivo, sino del Judicial, y a éste último no le toca enfrentar este problema “lo que le toca es resolver y aplicar la legalidad, hacer justicia cuando son sometidos asuntos a la competencia de jueces y magistrados”.
En ese sentido, aseguró que el Poder Judicial federal trabaja con normalidad y sin necesidad de tomar medida especial en la entidad, ya que los problemas más graves se concentran en una zona delimitada y la mayoría de los juzgados y tribunales se encuentran en Morelia, y sólo algunos juzgados de distrito en Uruapan.
Los problemas y complicaciones que viven los jueces y magistrados en Michoacán son los mismos que padecen los ciudadanos y hasta ahora no se recibieron solicitudes ni se prevén acciones para tomar medidas extraordinarias de protección para los jueces, recalcó.
A su vez, Silva Meza dijo que el libro, que recopila las colaboraciones de 72 especialistas que abordan las tres reformas fundamentales que dieron origen a la nueva época jurisprudencial: derechos humanos, amparo y materia penal, representa una nueva etapa fundacional que obliga a reevaluar todo el sistema jurídico.
La obra, subrayó, está dirigida a todos los operadores jurídicos que participan en el foro, lo mismo que a litigantes, ministerios públicos, funcionarios federales y locales para que con su trabajo, así como actividad, colaboren a la promoción y defensa de los derechos humanos.
En el acto, participaron los compiladores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Christian Steiner y José Luis Caballero Ochoa, quienes se comprometieron a revisar al menos cada dos años esta obra para mantenerla actual e incorporar la jurisprudencia que se genere a partir de esas reformas.
Ello, con la colaboración de las instituciones patrocinadoras, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fundación Konrad Adenauer.
