La Procuraduría General de la República (PGR) y las estatales en todo el país podrán rastrear teléfonos celulares en tiempo real, sin que exista una orden judicial previa, ya que, en una decisión por mayoría los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se decretó que es constitucional la medida en investigaciones de delincuencia organizada, pero se fijaron “candados” para impedir abusos de autoridad en su aplicación.
Después de cuatro sesiones de debate, con una votación de ocho votos a favor, se concluyó que la geolocalización de los dispositivos móviles es legal. Aunque las autoridades ministeriales tendrán que fundamentar este rastreo en su solicitud a las empresas de telecomunicación, deberá tratarse de casos de “extrema urgencia”, cuando esté en riesgo la vida o integridad física de las víctimas y ante el peligro de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.
En el proyecto final que presentó la ministra Margarita Luna Ramos, que tuvo la aprobación de la mayoría del pleno del alto tribunal, se determinó que cuando las procuradurías de justicia requieran localizar en tiempo real un celular deberán sustentar ante el concesionario del servicio la averiguación previa de la que deriva la petición, los delitos que se investigan y exponer con claridad el daño que se puede ocasionar en caso de no ejecutarse la medida.
Con esta resolución los ministros avalaron la aplicación de reformas a diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al considerar que no se violan garantías de las personas como el derecho a la privacidad y que el rastreo de los dispositivos es una herramienta jurídica útil para las investigaciones de delitos como el secuestro, la extorsión y otros.
