La presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, cuestionó la desigualdad que existe en la prestación de los servicios de salud, la cual es mucho más pronunciada entre la población indígena.
En este sentido y luego de lamentar los hechos registrados en el hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, dijo que en México el derecho a la salud es una garantía constitucional y debe ser ejercido con base en los principios de igualdad y no discriminación.
Por ello consideró inadmisible que se siga poniendo en riesgo la salud de la población, tras lamentar la nula sensibilidad de médicos y enfermeras del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” los cuales incurrieron en negligencia al no brindar la atención adecuada a una joven que tuvo que dar a luz afuera del nosocomio.
Expuso que la salud de las mujeres durante el embarazo y el parto y la de los recién nacidos deben ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno; por ello es urgente elevar la calidad de los servicios médicos en la entidad, pues no es posible que sean reiterativos este tipo de casos, sobre todo en detrimento de la población más desprotegida.
“Preocupa la persistencia de estos casos de falta de atención en hospitales públicos a mujeres que están a punto de dar a luz en el estado de Oaxaca”, refirió Díez Hidalgo.
La presidenta de la CMDH aseveró que la mayoría de los problemas asociados a la salud materno-infantil son previsibles mediante una atención adecuada y oportuna, pero lamentablemente el problema se agudiza por su estrecha relación con la desigualdad y la pobreza en la cual viven muchas de las comunidades del Estado.
Agregó que no sólo es necesario garantizar en México la salud materno-infantil en términos de extender el servicio a todas las unidades médicas del sector público, sino que además se requiere lograr la calidad de la atención y la suficiencia de infraestructura y de recursos humanos y materiales.
Este hecho registrado en Huajuapan de León se contabiliza a los también ocurridos en octubre y noviembre pasados en nosocomios de los municipios de San Felipe Jalapa de Díaz, Tuxtepec y San Antonio de la Cal, Oaxaca.
En los tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició quejas de oficio para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos, indagatorias que se encuentran en la etapa de análisis y valoración de evidencias, por lo que en su momento emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
