¿Cómo se puede controlar un movimiento armado ilegal, que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad, y que además combate de manera exitosa a un cártel de la droga en Michoacán?
La respuesta a esta cuestión se apresuró a darla el propio Gobierno Federal el pasado lunes 27 de enero cuando, en el municipio de Tepalcatepec, firmó un acuerdo basado en 8 puntos por el que ‘legitima’ y atrae a la vida “institucional” a diversos grupos de autodefensa de Michoacán a través de los llamados Cuerpos de Defensa Rurales.
Tras la firma del pacto, a partir del cual las autodefensas se comprometen, entre otros puntos, a registrar ante la Sedena las armas con las que combaten a Los Caballeros Templarios, las reacciones han sido múltiples.
Mientras unos expertos en seguridad consideran la decisión del Gobierno de Enrique Peña Nieto “inteligente” y “pragmática”, otros la tildan de riesgosa y apresurada, y que además traerá como consecuencia que los grupos de autodefensa puedan actuar impunemente y sin rendir cuentas por presuntos actos delictivos. Y todo, bajo una apariencia de legalidad.
“La situación es un caos, no hay coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia de Seguridad Pública. Y lo cierto es que no saben cómo arreglar el problema”: Juan Federico Arriola
“Las autodefensas están fuera de la Constitución –expone tajante Juan Federico Arriola, investigador del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana-. Porque el artículo 17 es muy claro al respecto: nadie puede hacer la justicia por su mano”.
Sin embargo, a pesar de esta situación, el académico admite que el Ejecutivo se encontró en Michoacán ante “un dilema” en el que, cualquiera que fuera la decisión tomada, habrá riesgos que asumir.
“Peña Nieto se encuentra ante un verdadero dilema con las autodefensas. Porque si las legitima está condonando los delitos que éstas cometieron, ya que es evidente que ha habido delitos en los enfrentamientos contra los criminales. Y por otra parte, si no las legaliza es peor, ya que demostraría que no hay un ánimo de cooperación”, apunta el académico en la entrevista con Animal Político.
“Pero el problema es que no sabemos, por ejemplo, si luego de dejar solas a las autodefensas éstas puedan derivar el día de mañana en un nuevo cártel. Y entonces el riesgo es que todo se salga aún más de control y la situación derive a una verdadera guerra civil; es decir, en una situación de civiles armados por su cuenta que violan la ley bajo el argumento de que se están defendiendo, contra otros civiles también armados y francamente criminales”, añade Arriola, que al respecto critica una falta de coordinaciónentre los tres niveles de gobierno para solucionar la situación en la Tierra Caliente michoacana.
“La situación es un caos, no hay coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia de Seguridad Pública. Y lo cierto es que no saben cómo arreglar el problema. Por lo que el Gobierno Federal se sintió acorralado y a través de la Segob inventó toda esa historia del comisionado ‘súper poderoso’ (Alfredo Castillo) para enviarlo a Michoacán. Pero el tema está en que si no atrapan a los templarios, si no baja la criminalidad en Michoacán como se espera, entonces ya no diremos solo que el gobernador Fausto Vallejo fracasó, sino que también lo hizo el G0bierno Federal, y eso ya es mucho más grave”, concluye.
Acuerdo de 8 puntos con las autodefensas obedece a una estrategia del Gobierno de “tener resultados a cualquier costo”: Erubiel Tirado
Por su parte, para Erubiel Tirado, experto en temas de Seguridad Pública de la Ibero, el pacto de 8 puntos entre Gobierno y autodefensas responde más bien a una estrategia del Ejecutivo “de tener resultados a cualquier costo” en una problemática que ha acaparado las portadas de medios de comunicación de todo el mundo.
“El gobierno vio en estos grupos de autodefensa un valor instrumental para enfrentar a un cártel muy violento que se sigue manifestando y controlando el estado de Michoacán, antes por medio de La Familia y ahora con Los Caballeros Templarios”, plantea Tirado, para acto seguido mostrar su preocupación sobre el hecho de que grupos “parapoliciales” conformados por personas sin formación policial se integren, con la venia del Gobierno, en grupos institucionales de seguridad.
“Los autodefensas en Michoacán se forman como grupos parapoliciales y su motivación inicial es ejercer la justicia por propia mano, la venganza privada. Es decir, ellos se están organizando para, de manera proactiva, irse contra un grupo criminal. Y eso es una acción que corresponde únicamente a las autoridades, esto es, a los tres niveles de gobierno”, recuerda el académico.
En este sentido, Tirado pregunta si, una vez que las autodefensas se integren a las guardias rurales, las autoridades investigarán si éstas cometieron delitos en sus enfrentamientos armados contra Los Caballeros Templarios, y en el caso de que así resultara, si recibirán un castigo.
“En este momento en Michoacán tenemos un enjuague complejo de elementos y de personas que hicieron la violencia de facto sin ninguna consecuencia. Hasta ahora no sabemos si hubo abusos por parte de los grupos de autodefensa, o si hubo daños colaterales en sus enfrentamientos, o si se produjo algún ajusticiamiento de templarios. Y no lo sabemos porque nadie lo está demandando, y porque para el Gobierno este problema ya se solucionó”.
“Estamos ante un gobierno pragmático, que está tratando de moldear las leyes para sumarse a los esfuerzos de las autodefensas y para, al mismo tiempo, encarrilarlas dentro de las estructuras institucionales”: Raúl Benítez Manaut
En opinión de Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, la decisión de la Administración de Peña Nieto de traer a las autodefensas dentro de un marco legal ha sido, en efecto, apresurada, aunque matiza que “en el buen sentido” del término.
“Las autodefensas le han dado vitalidad al combate al narcotráfico, porque han hecho una ofensiva solos, sin el Gobierno, contra una organización criminal depredadora como son Los Caballeros Templarios”, contextualiza.
“Por lo que no veo nada negativo en que las autoridades hagan esa búsqueda institucional a través de las Defensas Rurales del Ejército e intenten encontrar formas dentro de un marco constitucional para que las autodefensas no estén tan sueltas. Entonces –agrega-, lo que creo es que estamos ante un gobierno pragmático, que está tratando de moldear las leyes existentes como puede para sumarse a los esfuerzos de las autodefensas y para, al mismo tiempo, encarrilarlas dentro de las estructuras institucionales”.
Cuestionado sobre los temores de activistas de derechos humanos de otros países latinoamericanos como Colombia, Perú o Guatemala, que ya vivieron conflictos con grupos de autodefensa –el pasado día 28 la activista guatemalteca Claudia Samayoa dijo a la agencia estadounidense The Associated Press que con la legitimación de las autodefensas a México “le va a salir peor el remedio que la enfermedad”-, el investigador de la UNAM opina que la situación en México es muy diferente al de estos países.
“El caso de Michoacán es distinto, porque en Colombia, Perú y Guatemala los grupos de autodefensa formaban parte de estructuras de contrainsurgencia, y aquí no. En Michoacán lo que hay es una organización popular anticriminal, pero no ha declarado la guerra al Gobierno, sino a un grupo criminal. Son casos muy diferentes”, explica Manaut, quien a colación hace énfasis en que las autodefensas levantadas en armas en Tierra Caliente son, efectivamente, ilegales, pero no criminales.
“En cambio, los templarios son ilegales y además criminales. Pero las autodefensas no han cometido crímenes, ni abusos a los derechos humanos, ni han extorsionado a la gente, ni tampoco cobra cuotas, y además consiguió parar a los narcotraficantes sin la ayuda del Gobierno. Entonces –lanza una pregunta el experto de la UNAM para concluir su punto de vista- ¿por qué habría de estar mal lo que hacen?
