Los aspirantes a una plaza docente que obtengan en julio próximo un “resultado insuficiente” de desempeño también serán contratados por la SEP y por los gobiernos estatales.
En el Programa Anual 2014 sobre los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, que publicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se indica que habrá varias oportunidades para que esos profesores puedan regularizarse.
De acuerdo con los lineamientos del primer concurso de ingreso de la Reforma Educativa, a pesar de que la asignación de puestos será con base en el mérito, es decir del mejor al peor, si los estados tienen plazas vacantes, los concursantes con deficiente desempeño podrán dar clases durante un ciclo escolar, al tiempo que estarán bajo un proceso para ser evaluados nuevamente en 2015.
Además, aunque los profesores vuelvan a obtener un resultado insuficiente, podrán continuar impartiendo clases hasta 2016, ya que tendrán un segundo año para volver a regularizarse, y si después de esa segunda oportunidad no demuestran que tienen el perfil para ser maestros, entonces sí se les dará de baja.
Los profesores que sí logren un resultado suficiente podrán continuar en el servicio y obtener una plaza definitiva en el magisterio nacional.
Darán plazas a los reprobados
Los aspirantes a una plaza de maestro que concursarán en julio próximo serán aceptados aunque obtengan un resultado insuficiente del desempeño esperado.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) detalló que en el primer Concurso de Oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD), establecido en la Reforma Educativa, los candidatos a una plaza para educación básica y media superior conseguirán una a pesar de que su desempeño sea deficiente, pues tendrán la oportunidad de demostrar en el lapso de dos años que sí mejoraron su habilidad docente y favorecieron el aprendizaje de los alumnos.
El programa anual 2014 de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente que publicó el INEE señala que los aspirantes de nuevo ingreso que presenten la evaluación para julio próximo serán aceptados a pesar de que no obtengan un resultado suficiente, siempre que existan plazas vacantes para su ingreso.
A pesar de que la asignación de puestos será con base en el mérito, es decir, del mejor al peor, si los estados tienen plazas vacantes los concursantes con desempeño insuficiente podrán ingresar para dar clases durante un ciclo escolar, al tiempo que estarán bajo un proceso de regularización para ser evaluados al siguiente año.
Eso significa que los maestros con bajo desempeño que ingresen al SPD para laborar en el ciclo 2014-2015, serán evaluados en 2015 para determinar si lograron mejorar su desenvolvimiento en el aula, su dominio de los contenidos, así como sus prácticas didácticas y el diálogo con los padres de familia.
Sin embargo, aunque los profesores vuelvan a obtener un resultado insuficiente, podrán continuar dando clases hasta 2016, ya que tendrán un segundo año para volverse a regularizar, y si después de esa nueva oportunidad no demuestran que tienen el perfil para ser maestros, entonces se les dará baja y no podrán obtener una plaza definitiva.
Quienes logren un resultado suficiente podrán continuar en el servicio y conseguirán una plaza definitiva en el magisterio nacional.
De acuerdo con el INEE, en 2015 esos profesores serán evaluados por primera vez, pero si salen mal, podrán continuar en el servicio, y si para 2016 no demuestran haber mejorado entonces se les dará baja.
El proceso de evaluación indica que los concursantes de educación básica y media superior que obtuvieron una plaza con un bajo desempeño serán contratados de manera definitiva después de dos años, pues durante ese periodo estarán a prueba y en caso de no comprobar que tienen habilidades para dar clases serán despedidos.
Incluso, el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente indica que “con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente de nuevo ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.
Aunque ese mismo artículo no hace referencia a que aceptarán a los docentes con resultado insuficiente, sí indica que al año de haber ingresado realizarán una primera evaluación para que las autoridades educativas brinden “los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente”.
Una vez que concluyan los dos años dando clases volverán a realizar una segunda evaluación para determinar si cumplen con las exigencias de la función docente, pero si al término de ese periodo identifican “su insuficiencia en el nivel de desempeño, se darán por terminados los efectos de nombramiento, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado”, concluye ese artículo de la ley del SPD.
Prevén posible presión de los sindicatos
Autoridades educativas federales y estatales, junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), identificaron “eventuales riesgos” que podrían presentarse en los procesos para el concurso nacional para la asignación de plazas docentes, como el hecho de que los sindicatos insistan en otorgar los puestos como acostumbra el gremio y que se otorguen plazas de manera automática a egresados de escuelas normales.
El programa anual 2014 de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, que publicó el INEE, revela que tras una reunión el pasado 6 de febrero con autoridades educativas de los estados y del gobierno federal, detectaron posibles riesgos que pudieran contraponerse a lo que dicta la Ley del Servicio Profesional Docente para el concurso de ingreso de maestros.
El programa se basa sobre cinco principios: propósito de la evaluación, equidad, justicia de la evaluación, reconocimiento, valoración y atención de la diversidad, y participación.
Los riesgos se prevén en diversas áreas entre las cuales se encuentran las plazas a concurso, las convocatorias y su aplicación, el procesamiento de datos y la adjudicación de plazas, además de la formación continua y el desarrollo profesional.
En el documento, el Instituto detalló que entre los posibles riesgos destaca también que “algunas entidades federativas pueden no realizar el concurso y continuar con las prácticas de adjudicación de plazas vacantes tradicionales”.
De hecho, el Instituto admitió que “aun cuando la normativa jurídica establece claramente los temas y ámbitos en los cuales prevalecerá una secuencia jerárquica de decisiones, cierto es que este esquema no será suficiente para llevar a buen puerto las metas trazadas en los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente”, por lo que será necesario el diálogo y trabajo colaborativo.
Después de haber efectuado mesas de trabajo en esa reunión del 6 de febrero, el INEE indicó que entre los posibles riesgos, las autoridades educativas están preocupadas porque “las plazas vacantes consideradas por los sindicatos como propias pueden no someterse a concurso junto con las nuevas plazas, entre otras cosas por considerar plaza automática a egresados de normales en algunos estados”.
Sin embargo, en dicha reunión se estipuló que para evitar viejas prácticas, se publicará una convocatoria nacional marco que acote “con precisión” el periodo y calendarios y alinee en tiempo y forma a las convocatorias estatales, así como analizar la viabilidad de juntar en una convocatoria vacantes que van sobrando.
Otros de los riesgos posibles que mencionaron son la insuficiencia de candidatos para cubrir las plazas con los concursantes, ya sea porque sólo se abran convocatorias para los egresados de escuelas normales, porque las autoridades no tengan claridad de cuáles son sus potenciales concursantes o porque el universo de candidatos aceptados sea menor que el de las plazas disponibles.
El INEE señaló también que las autoridades educativas admiten que existe el riesgo de que los aspirantes presenten documentación apócrifa o falsa.
Además, existe el temor de que algunos gobiernos estatales o autoridades educativas locales puedan “hacer arreglos por fuera de la ley” con los sindicatos, es decir, que continúen con prácticas de adjudicación tradicional de plazas vacantes y que se involucren observadores sindicales, lo que “posiblemente obstaculice el proceso”.
