Ante los hechos registrados el pasado 14 de Febrero en Pinotepa Nacional, la vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), Eva Lucero Riveros Ortiz e Isaac Torres Carmona, presidente de la delegación Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), acusaron que el gobierno del estado de ser omiso y defensor de intereses empresariales.
En este sentido, denunciaron a la opinión pública que el operativo policiaco enviado para desalojar a integrantes de la UCIDEBACC del predio en construcción de una tienda departamental en Pinotepa Nacional, fue a todas luces “ilegal” y violatorio de los derechos humanos.
Asimismo, informaron que como resultado de este desalojo, fueron detenidas 19 personas, las cuales al cumplirse el término constitucional fueron puestas en libertad sin ningún cargo o delito por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado.
En este sentido denunciaron la omisión deliberada por parte del gobierno del estado y el propio órgano de procuración de justicia, toda vez que nunca se informó a la opinión pública de la restitución de la libertad de las personas detenidas durante el operativo.
Insistieron que tras los hechos, la vocera de la UCIDEBACC, Eva Lucero Riveros Ortiz, fue amenazada de muerte vía teléfono celular; razón por la que ambas agrupaciones responsabilizaron al Secretario de Seguridad Pública, al presidente municipal de Santiago Pinotepa Nacional y al gobernador, de la integridad física y psicológica de los detenidos, así como de los agraviados con este operativo policiaco.
“La posición beligerante y déspota de las autoridades, frente a la opinión pública en relación de los hechos, no es más que el indicador real de las libertades democráticas en el estado y de respeto a los derechos humanos, al pretender justificar acciones arbitrarias y abusos cometidos por la policía del Estado”.
Indicaron que los hechos se encuentran denunciados ante la fiscalía especial de investigaciones de delitos de trascendencia social de la procuraduría de Justicia, como también existe la queja ante la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Exhortaron al gobierno del estado a privilegiar el diálogo como única vía para la resolución pacífica de la solución de problemas en la entidad.
