Pobladores del ejido Unión Juárez, municipio de La Trinitaria, situado en la zona fronteriza con Guatemala, cortaron los servicios de agua potable y energía eléctrica a 25 familias evangélicas, con el argumento de que se niegan a pagar 500 pesos cada una para celebrar las fiestas católicas en la comunidad.
Luis Antonio Herrera, representante de los afectados, explicó que el problema comenzó el pasado 11 de este mes cuando Aarón López Espinosa intentó conectar el agua y la energía eléctrica en una vivienda de nueva construcción, después de que las autoridades ejidales le pidieron que se presentara ante la asamblea para que se determinara si le otorgarían o no los servicios.
En entrevista colectiva agregó que las familias protestantes pertenecientes a Iglesia Evangélica Monte Tabor “están impedidas de asistir a la asamblea general, debido a que desde 2010 tienen restringido el derecho al uso de leña y no les entregan los beneficios de programas oficiales sociales”.
Sostuvo que cuando López Espinosa intentó conectar el agua el día 11 acompañado por policías estatales enviados por la Fiscalía de Justicia que se transportaban en dos patrullas para resguardarlo, fue retenido junto con los agentes.
Señaló que los uniformados –no precisó el número—y las dos patrullas fueron liberados diez horas más tarde, mientras que Aarón 24 horas después.
Herrera aseguró que como “medida de presión para que las autoridades estatales acudieran al ejido, ese 11 de febrero los católicos cortaron la energía a 25 familias y el día 13 les suspendieron el agua, al tiempo que colocaron cadenas en los accesos para impedir que salieran o que amigos o familiares los visitaran”.
Dijo que también “colocaron guardias que revisaban los vehículos y se organizaron por turnos para cuidar las cadenas, bajo el acuerdo de que quien no asistiera a cubrir su turno sería multado con 500 pesos, por lo que los evangélicos permanecieron en sus casas sin poder salir desde esa fecha”.
Informó que ante “la violación” de sus garantías individuales, los evangélicos afectados interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
