Con 103 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó, con modificaciones, la minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley General de Consulta Popular, cuyo objetivo es regular el procedimiento y organización de este mecanismo.
El documento aprobado bajo las críticas de la oposición y tras un receso de cinco horas en el que se acordó realizar un addendum, precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional que repercutan en la mayor parte del territorio e impacten en una parte significativa de la población.
En este sentido, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar la trascendencia nacional de los temas propuestos por los ciudadanos para sujetarlos a consulta, así como su constitucionalidad.
Además, los senadores avalaron una modificación a la minuta para que los ciudadanos puedan respaldar más de una consulta popular, aunque se aclara que no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo.
Al iniciar el debate, senadores del PRD presentaron una moción suspensiva buscando frenar la aprobación del documento. Y es que, aseguraron, su contenido -previo al acuerdo alcanzado- imponía diversas restricciones para la consulta.
La moción, rechazada por una mayoría de legisladores del PRI y PAN, fue propuesta por el senador Manuel Camacho Solís, quien advirtió que la minuta de la Cámara de Diputados haría imposible la consulta y vulneraría el sustento democrático del Estado.
Por su parte, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, señaló que -a pesar del addendum- existen diversas restricciones para este mecanismo de participación ciudadana.
El también senador perredista, Alejandro Encinas, sostuvo que con el contenido original del dictamen se eliminaría el derecho a que los ciudadanos participen en la definición de las reformas constitucionales en materia energética.
De igual forma, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, calificó esta ley como una farsa, ya que, dijo, se van a cerrar los cuses para la defensa de los intereses del país.
En respuesta, el senador por el PRI, Omar Fayad, aseguró que nadie en su partido está viendo de manera oportunista este asunto. Destacó que están a favor de la consulta popular, aunque, dijo, esta no debe ser a modo para un tema que pueda preocuparle a un grupo parlamentario o a una minoría en el país.
Su compañero de bancada, David Penchyna, destacó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá definir la constitucionalidad de la materia a consultar, aunque señaló que la consulta popular no es el instrumento idóneo para modificar la constitución.
La también senadora priista, Arely Gómez, destacó que esta ley busca hacer operativa la consulta popular, por lo que pidió centrar el debate en ello y no en los temas específicos que podrían ser consultados.
No obstante, el senador por el PAN, Javier Corral Jurado, señaló que los temas de trascendencia nacional tiene sentido en la propia Constitución, por lo que afirmó que se debe facilitar la participación ciudadana para dar sustento a las reformas.
Finalmente, el senador Héctor Larios Córdova (PAN) coincidió en que la Corte deberá ser quien determine la constitucionalidad de una consulta.
El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.
