Sin considerar el derecho superior de una niña de 15 años, originaria de San Juan Copala, en la zona indígena triqui, el Poder Judicial del Estado, a través del Juzgado Segundo de lo Familiar, determinó entregarla a sus padres que la vendieron por 40 mil pesos, denunció la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En tanto, la directora del Sistema DIF Oaxaca, Fátima García León confirmó a este medio el ingreso de la menor al albergue de la institución estatal, como parte de la resolución mientras se revisa el caso por parte del Poder Judicial.
El defensor de los Derechos Humanos, Arturo Peimbert Calvo, sostuvo que la juez Elizabeth Roxana López Luna desestimó las medidas cautelares dictadas por el órgano autónomo a favor de la víctima y le ordenó a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), encargada de la custodia desde agosto de 2013, entregarla a sus progenitores Margarito Cruz y María Juana Santiago.
En sesión pública, ante los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría, el ombudsman refirió que López Luna “no consideró los argumentos de la niña, quien llorando aseguró que la entregarían (sus padres) a quien la compró para luego llevársela al Distrito Federal”.
Expuso que la menor pertenece a un grupo de personas desplazadas de San Juan Copala, pero “debido a que su madre y padre tenían una deuda de 40 mil pesos por servicios de “protección jurídica” con Basilio Ramírez, supuesto abogado del grupo anteriormente en plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, la iban a entregar a éste como pago”.
La madrugada de agosto de 2013, cuando iba a ser entregada, la niña escapó y buscó a sus paisanos (contraparte de los desplazados), quienes le dieron refugio, aunque al encontrarla su madre la golpeó, pero no logró llevársela.
Por esto, la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género inició la averiguación previa 1020/(V.I)/2013 por violencia intrafamiliar, lesiones y demás delitos que se configuren.
Sin embargo, María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar demandaron ante un juzgado de lo familiar, en el Distrito Judicial del Centro, iniciar un juicio de controversia y custodia provisional o definitiva, por lo que la semana pasada obtuvieron la entrega de la niña, sin que la juez considerara los antecedentes del caso, los cuales manifiestan la existencia de un riesgos para la niña.
Ante estos hechos la Defensoría emitió el pasado 27 de febrero la medida cautelar —DDHPO/CA/234/(01)/OAX/2014— dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que girara instrucciones a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro para que considerara el riesgo existente en la entrega de la niña a sus padres.
Una vez más, el lunes 3 de marzo se reiteró la medida cautelar, en atención al riesgo de que la niña fuera llevada a la Ciudad de México en contra de su voluntad.
La medida provocó que una decena de indígenas triquis, del grupo de desplazados al cual pertenecen los padres de la niña, se manifestara antier ante la sede de la DDHPO, cerrara los accesos y retuviera más de diez horas a trabajadores y usuarios.
Después el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Dagoberto Carreño, acompañó a los padres a una diligencia expedita para que se les entregara a la menor de edad. Pero esto no ocurrió a solicitud de la Defensoría y la Subprocuraduría, esta última en su calidad de Ministerio Público y representante social de la víctima.
Usos y costumbres
La venta de niñas y mujeres con fines de casamiento, en algunas comunidades indígenas de Oaxaca, es una práctica que no ha sido erradicada del sistema de usos y costumbres, lo que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comentó la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez.
Estas prácticas se prestan para encubrir “gravísimos casos de abuso, o de trata o venta de menores de edad”, señaló.
En localidades como San Juan Copala o San Martín Itunyoso siguen vigentes estas deplorables costumbres.
