En agosto de 2013, un abogado pagó 40 mil pesos en efectivo a los padres de una niña triqui de 14 años, originaria de la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca, con la que pretendía tener relaciones sexuales con el consentimiento de los padres.
Antes de ser entregada a su comprador, la víctima, aún bajo la tutela de sus padres, logró escapar de su hogar para refugiarse en un albergue para desplazados.
Hace unos días, el caso concluyó en un juzgado de lo familiar, donde una juez ordenó que la menor se reintegrara con sus padres; sin embargo, la niña se resiste porque teme que sea revendida o devuelta a la persona que la compró.
Actualmente ella tiene 15 años y apenas habla español, mientras que Basilio Estrella, su comprador, de 45, presiona para que le devuelvan “su pertenencia” mientras los padres de la menor señalan que utilizaron el dinero para pagar su manutención y cubrir las deudas de protección jurídica que le adeudaban al litigante, quien los representó cuando fueron desplazados de la comunidad de San Juan Copala.
La historia
Tras escapar de su hogar luego de saber que sería entregada a un hombre que no conocía y que la adquirió como si fuera cabeza de ganado, la víctima se mantuvo durante un año al lado de activistas del Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente, en un albergue para desplazados.
María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, padres de la víctima, dedicados a la agricultura, argumentan que llegaron a un acuerdo para la compra de su hija como una opción para sostenerse económicamente y precisaron que no tenían dinero para seguirla manteniendo. Asimismo, señalaron que también vendieron a sus otras tres hijas mayores.
Búsqueda
Hace un año, ante la desaparición de la menor, se activó un operativo de búsqueda y la niña fue localizada en un albergue de una casa parroquial, donde por su condición fue sujeta a una medida cautelar y resguardada por elementos de seguridad pública municipal, ya que existía el riesgo de que fuera sustraída.
Sin embargo, el caso de la patria protestad de la menor se discutió ante un juez familiar, que determinó hace unos días ordenar su regreso a la custodia de sus padres.
Ante el fallo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) anunció el inicio de una queja de oficio contra la juez segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, por solapar la violación a las garantías individuales de la menor triqui.
De acuerdo con el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, la menor fue reintegrada al seno familiar a pesar de que la juez López Luna sabía de la situación por la cual había escapado.
Peimbert Calvo señala incluso haber tenido que enfrentar a un grupo de desplazados de San Juan Copala representados por Lorena Merino, quienes se apostaron en sus oficinas para exigir la libertad y entrega con vida de la menor.
Dijo que mediante una llamada telefónica, solicitó a la juez segundo de lo familiar devolver a la menor a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, y continuar con el proceso de las indagatorias contra quienes la vendieron o que se abriera un procedimiento para resarcir el daño psicológico y moral contra la menor.
Empero, la juez no accedió y ordenó su devolución a la tutela de los padres, quienes precisaron que son los poseedores de la patria protestad de la menor.
La reciben a golpes
En cuanto la madre se dio por enterada de la recuperación de su hija y la tuvo enfrente, se le abalanzó y le propinó varios puñetazos, la jaló del cabello y la obligó a regresar a su hogar, advirtiéndole que la devolvería con quien la había comprado, narró el defensor de derechos humanos, quien fue testigo de la entrega.
El ombudsman oaxaqueño lamentó que la juez no haya tomado en cuenta el punto de vista de la víctima.
“Me preocupa la situación de la menor, porque refiere que los padres amagan con trasladarla a la Ciudad de México, donde se encuentra la persona a la que la vendieron, y si esto ocurre la voz de la víctima se apagará”.
Dijo que al juez le tocaba acatar en su resolución los criterios en materia de derechos humanos a escala internacional, pero los pasó por alto y solo emitió una resolución jurídica a rajatabla.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la DDHPO de ayer, Peimbert Calvo señaló que en el estado de Oaxaca, pero principalmente en zonas de mayor marginación y vulnerabilidad, particularmente la región triqui, continúa la práctica de vender a las mujeres, sobre todo a menores de edad, lo que demuestra que hace falta generar mejores condiciones y respeto a los derechos humanos.
Dijo que se buscará hacer un estudio especial en la zona para identificar el número exacto de mujeres que han sido comercializadas contra su voluntad al mejor postor, como esposas o acompañantes sexuales.
En tanto, María Eugenia Mata García, consejera ciudadana, dijo que en la actualidad prevalece un problema de género y hasta hoy no hay nada que justifique que las autoridades sigan solapando hechos como el de la menor triqui.
“Es indignante lo que ocurre con las mujeres y peor aun cuando las instancias en materia de impartición de justicia solapan actos discriminatorios”, expresó.
Al respecto, José Bernardo Rodríguez Alamilla, también integrante del Consejo Ciudadano, comentó que hay personas que se aprovechan de la situación que atraviesan los municipios y se vuelven mercenarios de su condición social.
Acoso e intimidación
El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, acusó que cuando la menor fue rescatada por la policía y trasladada a la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razones de Género, el hombre que la compró, originario del Distrito Federal, se introdujo a las oficinas de la fiscalía e intentó rescatar a la menor.
“Tenemos entendido que dicha persona subió hasta el segundo piso de las oficinas de la Procuraduría y tuvo contacto con la víctima, lo que consideramos también como grave, porque hay acoso e intimidación”.
Denuncia por trata
En tanto, la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer, dependiente de la Procuraduría General de Justicia estatal, informó que analiza sancionar penalmente a la familia que vendió a la menor junto con el comprador, por el delito de trata de personas.
Otro caso
En septiembre de 2013, Elvira Santiago Martínez, una mujer indígena de 19 años originaria de Oaxaca, fue vendida junto con sus dos hijos para realizar trabajos forzados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Luego de ser rescatada por elementos de la Procuraduría de Justicia estatal, dijo que fue raptada al salir de una plaza comercial para ser trasladada a una casa de seguridad, donde tras pasar en cautiverio una semana fue enviada a Michoacán, donde señaló que fue vendida en 10 mil pesos.
La víctima identifica como responsable de su rapto a un sujeto llamado Gaudencio Brito Ávila, y quien luego la comercializó a otras dos personas más de nombre Isidro y Felipa, originarios de Juxtlahuaca, Oaxaca, por la cantidad de 10 mil pesos, de acuerdo con sus características, fisionomía y condición física.
Derechos de embarazadas
El Senado analizará un punto de acuerdo para pedir al gobierno de Oaxaca elaborar un plan de acción “que permita garantizar el derecho a la salud de las mujeres” embarazadas en la entidad.
El punto de acuerdo es presentado por el grupo parlamentario del PRI, en el que también se propone pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realice una investigación de posibles violaciones a los derechos humanos en clínicas y hospitales.
Las legisladores panistas María del Pilar Ortega Martínez y Adriana Dávila Fernández proponen solicitar al IMSS que rinda un informe de la atención que se le brinda a las mujeres embarazadas en todas las clínicas y hospitales del país, en particular en Oaxaca.
La propuesta presentada por los senadores señala cinco casos, el primero ocurrido el 2 de octubre de 2013 en Jalapa de Díaz, cuando la señora Irma López Aurelio dio a luz en el jardín de una clínica.
El siguiente caso se dio a conocer el 11 de octubre, pero había ocurrido el 18 de julio en el mismo centro médico, y se trataba de una indígena quien fue asistida por su esposo y una enfermera.
Los otros casos reportados datan del 25 de octubre, 5 de noviembre y el pasado 27 de enero, en San Jacinto Amilpas, San Antonio de la Cal y Villavicencio, respectivamente.
