Un tribunal federal ordenó revisar la acusación por el delito de defraudación fiscal en contra de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, por lo que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra con el propósito de que otro tribunal en materia penal vuelva a resolver su situación jurídica, es decir, que deberá determinar si hay o no elementos para sostener dicha imputación.
Al resolver el juicio de amparo 3/2014 radicado en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Distrito Federal, la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, también ordenó a su par del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del DF, determinar si era necesario realizarle una auditoría fiscal a Gordillo Morales antes de poder acusarla por una supuesta defraudación fiscal por un monto de dos millones 199 mil pesos.
El abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, explicó que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Procuraduría Fiscal omitieron auditar los ingresos de la ex líder magisterial para conocer su verdadera situación financiera, ya que sumaron todos sus gastos y estados de cuenta para determinar sus ingresos totales.
Del Toro Carazo agregó que acumular todos los ingresos de esta manera, resulta engañoso para conocer la situación fiscal de la también ex Secretaría General del PRI, ya que se suman de manera indebida gastos que pudo haber tenido por comisiones oficiales y para lo cual recibía viáticos que podían ser comprobables por otras entidades financieras, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En este sentido, el abogado consideró que era obligatoria la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para ejercer sus facultades de comprobación, es decir, para realizarle una auditoría fiscal a Elba Esther Gordillo, antes de poder acusarla del delito de defraudación fiscal.
Marco Antonio del Toro agregó que a solicitud de la defensa, la Magistrada del Cuarto Tribunal en Materia Penal del DF, Graciela Santés Magaña, también deberá pronunciarse sobre la gravedad del delito de defraudación fiscal, destacando que “no hubo ningún dato falso presentado por la contribuyente” en su ejercicio fiscal del 2008.
Además, en la sentencia se impugnan los resultados de las pruebas periciales en materia de contabilidad que presentaron la PGR y la Procuraduría Fiscal, ya que la defensa consideró que no estaban realizadas con profesionalismo.
“Nadie puede estar acusado en México por defraudación fiscal sin que previo a ello se hayan ejercido las facultades de comprobación que corresponden al SAT que es una auditoría exactamente. Lo que hicieron fue un ejercicio muy pobre, sumaron todos los estados de cuenta como si fueran ingresos, pero sin dar oportunidad de aclarar que hay gastos que se hicieron a cuenta de otra entidad, por lo no eran ingresos”, puntualizó.
La resolución todavía puede ser impugnada por la PGR mediante la presentación de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, por lo que no es definitivo.
Elba Esther Gordillo también enfrenta cargos penales por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de casi mil 800 millones de pesos, por lo que seguirá en el penal femenil de Tepepan y no podrá recuperar su libertad de manera inmediata.
