En acatamiento a una resolución del IFAI, la Sedesol dio a conocer una lista con los nombres de 26 empresas que incumplieron con la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 2012, en diversos municipios de Guerrero, y a las que entregó anticipos que, en total, suman 35 millones 875 mil 200 pesos.
En su respuesta inicial, la Sedesol se declaró incompetente para conocer de lo requerido y orientó al solicitante a presentar su petición ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Guerrero, asegurando que ésta era la instancia encargada de regular el desarrollo urbano, así como de conducir, normar, proyectar y ejecutar las obras públicas en la entidad.
Posteriormente, señaló que la información se encontraba reservada, con fundamento en el artículo 13, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia, ya que el Órgano Interno de Control en dicha dependencia inició una auditoría a los recursos federales que se liberaron dentro del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 2012 y que fueron entregados a las empresas constructoras.
Sin embargo, al realizar la investigación y análisis correspondiente, el Instituto localizó información pública de la que se desprende que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en una visita que hizo al estado, en octubre de 2013, anunció que de las 46 empresas contratadas, 21 no cumplieron con la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas.
La funcionaria manifestó que se les había otorgado un plazo para que concluyeran las obras, pero que sólo 9 cumplieron, por lo que se iniciaron los procesos respectivos en contra de las 12 empresas restantes y los servidores públicos involucrados, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
Aunado a esto, en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, el instituto localizó 31 contratos celebrados por adjudicación directa para la construcción y reparación de viviendas dañadas por el sismo referido.
En razón de lo anterior, el Instituto determinó que la dependencia, por conducto de su delegación estatal en Guerrero, fue la encargada de la contratación de las empresas constructoras, con recursos públicos del Fonden.
En ese sentido, concluyó que la clasificación invocada era improcedente y que la dependencia debía poner a disposición del público la información requerida, a fin de favorecer el principio de máxima publicidad y la rendición de cuentas.
Por tanto, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Sedesol y le instruyó a hacer una nueva búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a fin de entregar al particular la información de su interés.
En acatamiento a dicha instrucción, la Sedesol, mediante su Delegación en Guerrero, proporcionó al particular el siguiente listado:
