El Estado mexicano indicó que no puede implementar las recomendaciones que planteó la Santa Sede en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para “preservar y proteger la institución natural de la familia” y el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
“México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que deba ostentar la familia”, indicó un reporte del gobierno mexicano publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En el mensaje oficial se recordó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado en México que es inconstitucional alguna legislación que menoscabe la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, o que conceptualice el matrimonio de forma discriminatoria.
“La igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación están fundamentadas en el artículo 1º constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte”, agregó el reporte.
CNNMéxico solicitó un comentario a la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero no han respondido a la petición.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó a México en octubre pasado, la Santa Sede planteó a México la recomendación 148.114, donde se pidió:
“Preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento”.
En otra recomendación, la 148.4, la Santa Sede planteó: “Respetar y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, según las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección equivalente a nivel federal y local”.
Al respecto, México respondió:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la facultad de las entidades federativas de legislar en este ámbito, atendiendo a la distribución de competencias que establece la Constitución, por lo que no se puede implementar la recomendación 148.48 en tanto no es posible asegurar la uniformidad en las distintas legislaciones, con base en el Pacto Federal vigente”.
La despenalización del aborto prevalece en la Ciudad de México desde 2007.
El Distrito Federal fue la primera entidad mexicana en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, desde marzo de 2010. La reforma les dio los mismos derechos de adopción, seguridad social y créditos de vivienda que a otras parejas. Ese mismo año, la SCJNdeclaró válida la reforma al Código Civil del DF que permitió ese tipo de uniones.
El Congreso de Jalisco aprobó en noviembre de 2013 la Ley de Libre Convivencia, que permite a parejas del mismo sexo compartir derechos como la herencia o sucesión de bienes, el derecho de reclamar pensiones, y también la seguridad social.
Apenas hace una semana se concretó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Michoacán.
La respuesta a las recomendaciones planteadas en el EPU, explicó la cancillería, son producto de una consulta “amplia” al interior del Poder Ejecutivo Federal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial.
“Se mantuvo un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, en el que se intercambiaron puntos de vista sobre las preocupaciones y prioridades en torno a las recomendaciones”, detalló.
México informará este jueves de forma pública a los miembros del Consejo de Derechos Humanos qué recomendaciones adoptará de las 176 que se le formularon en el pasado Examen EPU, informó Amnistía Internacional (AI).
Esa agrupación de activistas pidió a México “traducir en acciones las promesas” que haga ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha”, criticó AI en un comunicado.
El EPU es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008 para revisar el avance o retroceso en materia de derechos humanos de los estados miembros. Las recomendaciones que son emitidas por los países durante el EPU no son vinculantes.
