Cuando se trata de proteger legalmente a los animales, los estados quieren, pero lo hacen a medias o con contradicciones.
Querétaro, por ejemplo, al mismo tiempo que prohíbe el uso de animales en circos, considera “La Fiesta de los Toros” como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que implica que las autoridades tomen medidas para su conservación y difusión.
A nivel federal existen varias regulaciones en la materia, incluidas la Ley de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Pero al ‘hacer zoom’ al mapa, cada entidad cuenta con una ley de protección animal —a excepción de Oaxaca, donde no hay— e incluso varios municipios han puesto sus propias reglas.
La mayoría —menos el Distrito Federal, Puebla y Yucatán— contemplan sanciones únicamente administrativas en caso de maltrato (como amonestaciones o arrestos por 36 horas), y a excepción de seis entidades que prohíben algunas prácticas, todas permiten las corridas de toros, las peleas de gallos, la charrería y el uso de animales en circos.
Marielena Hoyo, activista por los derechos de los animales no humanos, considera que México no está “tan mal” en las leyes de vida silvestre —a través de la norma 059 que protege a las especies en peligro de extinción—, pero sí “muy mal” en las de protección a los animales domésticos —un tema no contemplado por las legislaciones federales— y “muy carente” respecto a los de consumo.
“(Los animales de consumo) son los más abandonados por la legislación, a pesar de que cuentan con Normas Oficiales Mexicanas que protegen su matanza y protegen su transporte, y protegen su estadía en los rastros, eso no se cumple, no se vigila y me parece que están de sobra esas legislaciones”, dice Hoyo.
Otro de los grandes problemas señalados por la activista es la falta de “formalidad en los conceptos”.
“La redacción de las leyes y los conceptos, las definiciones que para mí son básicas para la protección animal, están verdaderamente distantes”, señala.
Como ejemplo, la activista refiere a la reforma al Código Penal del Distrito Federal aprobada en 2012, la cual incluyó el maltrato a los animales como un delito con penas de seis meses a dos años de prisión.
“No hay una definición clara de maltrato, no hay modalidades de maltrato”, dice Hoyo respecto a esa ley.
En la Ley General de Vida Silvestre (federal), las definiciones de maltrato y crueldad se integraron apenas en noviembre de 2013.
El ‘éxito’ de llenar un vacío
La tauromaquia y el circo forman juntos uno de los principales blancos del activismo animal en México, pero algunos dicen que las medidas tomadas por las autoridades en torno a estas actividades son mediáticas y no resuelven problemas de fondo.
Además, el trato no es el mismo: al circo con animales ningún estado lo ha declarado patrimonio y por el contrario, cada vez lo prohíben más, mientras que la fiesta brava está protegida en al menos seis estados.
Querétaro, Morelos, Colima, Guerrero y Chihuahua están entre los estados que no permiten los circos con animales.
“Es un asunto bastante complejo, que tiene que ver sobre todo con cuestiones económicas. Es mucho más fácil atacar al circo, que es un sector vulnerable, pequeño, menospreciado, que atacar a los toros, que (es un sector donde) se mueven millones de pesos en torno a este tipo de espectáculos”, dice Federico Serrano, director de Difusión del Circo Atayde Hermanos.
Hoyo también atribuye casos como el de Querétaro a la importancia de los empresarios y la afición detrás de cada actividad, así como al negocio que generan.
Ricardo Zurita, abogado y presidente nacional de Consejo Nacional Taurino Mexicano (Contoromex), considera que muchas de las medidas contra el uso de animales en espectáculos son políticas, pero difiere en el sentido de que hay predilección por la tauromaquia.
“No es correcta la acusación inicial de los circos, no hay una atención principal, simplemente que en México tiene mucho más tradición la fiesta brava”, señala Zurita.
“También las prohibiciones del uso de animales en los circos es ilegal, inconstitucional, porque tienen efectos especialmente discriminatorios, pero efectos contra ellos, y no hay polémica con la fiesta brava y el circo”, añadió el presidente de Contoromex.
Cuando se aprobó la ley antitaurina en Sonora, en 2013, el diputado local que la propuso, Vernón Pérez Rubio, dijo a CNNMéxico que deseaban integrar cualquier espectáculo que implicara maltrato animal, pero que otros legisladores se habían opuesto por su “relación con los ganaderos”.
Desde otra tribuna, organizaciones como Anima Naturalis celebran a los gobiernos por estas legislaciones.
Cuando Sonora prohibió las corridas de toros, en mayo del año pasado, Anima Naturalis exhortó a las personas a agredecerle a Pérez Rubio y a pedirle ampliar la reforma. Cuando Guerrero dijo ‘no’ a los circos con animales, la misma organización expresó:
“Con esto, la presente administración guerrerense, así como las de los otros 3 estados y 12 municipios mexicanos, muestran interés y respeto a la opinión pública en relación a la protección de los animales y toman acciones para frenar el abuso que existe en espectáculos circenses”.
Zurita dice que la prohibición de las corridas de toros en Sonora no ha afectado a la fiesta, porque no era un estado taurino.
“En un estado taurino sí nos afectaría, de los 32 que hay, son 22 o 23 netamente taurinos, y ahí sí, pero afortunadamente no ha pasado”, dijo.
Sin embargo, Hoyo dice que hay otras situaciones que se deben mejorar antes, como darle más “dientes” (poder) a las autoridades involucradas a nivel federal y local, incluida la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Ya vieron algunos legisladores que tienen un nicho vacío que les provoca un éxito cada vez que quieren dominar en un tema animal, pero lo dejan siempre manco, no hay forma”, dice la activista.
Zurita coincide en que hay un enfoque incorrecto, pero por razones distintas.
“Pienso que las personas que quieren proteger a los animales están equivocando el procedimiento. No hay nadie más, pienso, que quiera a los animales, que los taurinos y los mismos circos”, dijo.
“No es ahí donde debemos proteger a los animales, pienso que tiene que ser más a los animales domésticos, los perros en las calles, los gatos”, añadió.
Las voces locales
El Distrito Federal fue la primera entidad en criminalizar el maltrato y la crueldad animal, algo que según Hoyo empezará a ser replicado en otros estados con los mismos vacíos.
Iniciativas para prohibir la fiesta brava en la capital —sede de la plaza de toros más grande del mundo— han quedado en meras discusiones en la Asamblea Legislativa.
Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala han declarado la fiesta brava como patrimonio; en Baja California está en curso un proceso legal que según el presidente de Contoromex ganarán los taurinos, y la misma asociación trabaja en Puebla, Jalisco y San Luis Potosí para ‘blindar’ la tauromaquia.
Zurita dice que llevan a cabo labores preventivas para evitar la prohibición y luego de blindaje, para proteger a la tauromaquia. Además, en 2011, iniciaron un proceso para que las dependencias federales de cultura promuevan a la fiesta brava mexicana como Patrimonio de la Humanidad, pero va “lento”.
Así, mientras los activistas de ambas partes ‘pelean’ en juzgados, los congresos estatales discuten leyes al respecto y los municipios empiezan a poner sus reglas.
En Veracruz, por ejemplo, al menos tres municipios prohíben las corridas de toros, incluidos Veracruz, Boca del Río y Teocelo, el primero que oficialmente se declaró antitaurino en el país.
Pero la ciudad de Tlacotalpan —cuya arquitectura está reconocida como Patrimonio de la Humanidad— es famosa por una tradición con animales que los activistas rechazan: el embalse de toros cebú, que inicia los festejos a la Virgen de la Candelaria en febrero. En tanto, el municipio de Xico en 2012 declaró la protección de la fiesta brava.
La legislatura de Veracruz recibió en 2013 dos iniciativas contrarias: un proyecto de ley para la protección de la tauromaquia y una reforma al Código Penal para aplicar “sanciones verdaderamente ejemplares” en caso de maltrato. Ninguno de estos fue dictaminado y un nuevo diputado del Congreso que se renovó el año pasado ya propuso otro proyecto de protección animal.
Luego está el caso de Jalisco. En la zona metropolitana de su capital, Guadalajara, conviven municipios con reglas distintas: por un lado están Tlajomulco y Zapopan, que en 2012 se convirtió en el primero del país en prohibir los circos con animales, y por otro están Guadalajara, cuya plaza de toros es la segunda más grande del país (18,000 espectadores, según Contoromex) y Tlaquepaque, donde también hay una plaza.
El municipio de Naucalpan, en el Estado de México, prohibió el circo con animales a fines de enero pasado, pero Texcoco, ubicado en el este, alberga durante abril la Feria Internacional del Caballo, donde este 2014 habrá siete corridas de toros y dos novilladas.
En Colima, la prohibición de espectáculos con animales excluye a Villa de Álvarez, un municipio de la zona metropolitana cuya plaza de toros armable es Patrimonio estatal.
Culiacán, capital de Sinaloa, también prohibió los circos con animales.
Este mes, regidores del ayuntamiento de León (donde hay una plaza de toros para 8,000 espectadores) votaron a favor de prohibir la entrada de menores de 14 años a las corridas de toros y el uso de animales en circos, algo que sin éxito intentaron hacer regidores de Tijuana en 2012.
La caza antes de Lucero
La fotografía de la cantante Lucero publicada en enero, en la que aparecía con su novio después de una jornada de cacería, avivó un debate en México sobre esa actividad, que está permitida en todo el territorio con limitaciones según especies y zonas.
La caza está autorizada en espacios llamados Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas), las cuales son administradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Son las de carácter extractivo las que permiten el “aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de los recursos de la vida silvestre”, indica la Semarnat. En otras palabras, es ahí donde la caza está controlada.
La estrategia de las Umas, que surgió en 2000, también tiene un fin social. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) explica que el principal valor de la fauna silvestre en México es “el aporte nutricional para la población rural, en las zonas más apartadas y pobres del país”.
El vicepresidente nacional de la Federación Mexicana de Caza, Edgar Wenzel López, así como activistas ambientalistas, señalan que es en las comunidades rurales donde más ocurre la caza furtiva.
“Luchamos constantemente en dar conferencias, sobre todo en comunidades rurales que es donde más cometen, sin querer, ilícitos, porque a veces tienen que cazar para comer”, explica.
Existen dos tipos de licencias de caza: una anual por la cual debes pagar anualmente unos 1,500 pesos (unos 112 dólares), y una indefinida.
En ambos casos es necesario afiliarse a un club de tiro o caza, presentar varios documentos —incluido un permiso de transportación de armas de fuego emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional— pero para conseguir la última también debes tomar un curso de 10 horas y pagar alrededor de 1,800 pesos (unos 135 dólares), explicó
Si bien el costo de estos permisos puede parecer poco —considerando que cazar a un animal cuesta miles de dólares, dependiendo de la especie— las sanciones para quien cometa caza furtiva son altas, según Wenzel.
“Aquí son de las penas más altas que yo conozco, definitivamente. En Alemania es una pena que simplemente te quitan la licencia, lo que pasa es que la licencia de caza vale cerca de 3,000 euros (unos 4,000 dólare o 53,000 pesos)”.
