La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a conocer que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo.
El documento publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación precisa que se reforman diferentes apartados o fracciones de los artículos uno, 17, 22, 33 y 46; y se adicionan las fracciones X, XI y XII al artículo seis; dos nuevas fracciones XII y XIII al 38, recorriéndose la actual XII para ser XIV.
En el Artículo 1 se establece que la política nacional y los programas, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda.
Agrega que la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado pretenden integrar entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales, derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.
Con las adiciones al artículo seis, se pretende promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en el país, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional.
Además impulsar medidas de orientación hacia la población para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias.
Entre otras acciones también se vigilará la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.
El decreto añade que se impulsarán estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial.La disposición, que entrará en vigor a partir del 25 de marzo, señala que los gobiernos estatales, municipales, las organizaciones de los sectores social y privado, así como instituciones de educación e investigación, darán la información para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.
