Después de cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte para sancionar hasta con cuatro años de prisión los actos de violencia en los estadios.
El presidente de la Mesa Directiva, José González Morfín, instruyó a enviar la minuta al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El pleno desechó trece reservas presentadas por legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, aunque admitió una de la perredista Alliet Bautista para considerar como sujetos de sanción a los responsables de las barras.
Al comienzo de la sesión ordinaria, el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, refrendó la determinación de su bancada para endurecer las penas a los responsables de la violencia en los eventos deportivos.
“Creo que las leyes no nada más deben ser justas, sino duras en estos aspectos, para que se respete la convivencia familiar que se ha alejado de los estadios, debido a esos actos vandálicos que deben ser castigados con penalidades graves.
-Parece que desde 2003, poco más de 10 años, esta situación se sigue manteniendo igual. ¿Por qué se ha retrasado tanto este tipo de legislación?- se le inquirió.
-Porque ha habido oposición por parte de algunos diputados o grupos parlamentarios, que creen que esa severa sanción penal que se establece en la legislación, no debe ser; y nosotros no coincidimos con ellos. Creemos que sí se debe sancionar severamente y de manera penal a todos esos vándalos que no dejan que la convivencia familiar se presente en los estadios y en los espectáculos deportivos- atajó Beltrones.
El líder parlamentario del PRD, Silvano Aureoles, secundó el llamado a sancionar con dureza la violencia, pero subrayó que ese castigo debe alcanzar también a quienes están detrás de las barras.
“Hay que sancionar a quienes participan en estos hechos, pero también a la mano que mueve la cuna; eso es innegable. (…) Y yo ni siquiera involucro aquí o diría que los dueños de los equipos o los dueños de los estadios, no: hay otros actores que reclutan, que preparan y los lleva, ahí se tiene que aplicar la ley; tiene que investigarse quiénes son los que están atrás de ello”, remarcó.
