Sin precisar cómo lo hará, la ley de inversiones extranjeras que ha aprobado este sábado por unanimidad la Asamblea Nacional del Popular (parlamento cubano, unicameral) para captar capital, tecnologías y mercados promete protegerlas contra las sanciones establecidas en las leyes de extraterritorialidad, vigentes en Estados Unidos desde los años 1992 y 1996. El objetivo de esa legislación, prorrogada por Barack Obama en 2013, es disuadir a las empresas internacionales interesadas en invertir en un país enfrentado con Washington poco después del triunfo de la revolución de 1959, cuando Fidel Castro confiscó las propiedades de grandes compañías estadounidenses y estableció un régimen marxista a un tiro de piedra de las costas de Florida.
Las leyes Torricelli y Helms Burton, así llamadas por la identidad de los congresistas que las promovieron, el demócrata Robert Torrricelli y el republicano Jesse Helms, impiden a ciudadanos norteamericanos invertir en Cuba, incluso si estos son de origen cubano. Pero no todos lo estadounidenses de ese origen podrán invertir en su país natal, según Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Sólo podrán hacerlo quienes “no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, ni estén vinculadas con la mafia terrorista de Miami” .
Cuando se normalicen las relaciones, y se imponga el dogma empresarial, business is business, Estados Unidos está llamado a ser el principal inversor de la isla por su cercanía geográfica y la intensidad de los lazos binacionales. “El embargo actúa, ahora más que nunca, en contra de los intereses de los propios empresarios norteamericanos”, subrayan fuentes oficiales cubanas.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por el general Raúl Castro, refrendó en sesión extraordinaria a la que la prensa extranjera no tuvo acceso una ley que sustituye la aprobada en 1995 y amplia los espacios abiertos a la inversión extranjera, todavía vetada en los sectores de la salud, la educación, instituciones armadas y los medios de comunicación, que seguirán siendo estatales. Cuba pretende un aumento del 30% de la inversión extranjera: más de 2.000 millones de dólares.
La nueva ley considera inversionista extranjero a la persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero, incluyendo a los ciudadanos de la isla residentes en otros países. El régimen cubano no buscará inversión extranjera a Miami, según Malmierca. “La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve”, dijo el funcionario en críptica declaración.
A diferencia de la Ley de 1995, aunque sin precisarse el formato de su entrada, se abre la posibilidad de que el capital foráneo participe en la modernización de servicios públicos como transporte, comunicaciones, canalizaciones y suministro eléctrico.
En fechas anteriores a la votación de hoy, los diputados cubanos sostuvieron cinco encuentros territoriales con funcionarios ministeriales y especialistas de una veintena de organismos de la administración, y también con consultores internacionales, que les explicaron el alcance de las nuevas regulaciones. “Algunas personas creen que los diputados levantan la mano para votar sin que haya habido discusión, lo que sucede es que no conocen cómo se realizan los procesos de debate de cada ley que se somete a aprobación”, lamentó José Luis Toledor, encargado de asuntos jurídicos y constitucionales del parlamento.
El régimen cubano no descuida las eventuales implicaciones políticas y consecuencias sociales del despliegue del capital internacional . Malmierca, según un despacho de la agencia oficialista Prensa Latina, “alertó sobre los riesgos y peligros que entraña la inversión extranjera, en particular la subversión ideológica que se intente ejercer mediante su aplicación, pero, insistió, el país está consciente de ello y se prepara para afrontarlo.”
