La Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE) recomendó al Senado que las reformas en telecomunicaciones fortalezcan a la Constitución y, entre otros ajustes, propone endurecer y triplicar las sanciones previstas para los operadores de las telecomunicaciones, al considerar que la iniciativa presidencial contiene penalidades “relativamente bajas” de solo 5% y 2.5% de los ingresos anuales.
En el documento de opiniones entregado al Senado, la OCDE considera que la iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene deficiencias y propone modificaciones a los principios de competencia, régimen de interconexión, al régimen de licencias, protección al consumidor y al régimen de sanciones.
El panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, dijo que es extraña esta postura de la OCDE y le sorprende “porque prácticamente está diciendo que la ley no se meta a detalle, que la ley no haya ningún tipo de determinación o definición en cuanto a tarifas de interconexión, a la asimetría entre las tarifas, inclusive no está de acuerdo en que haya concesiones únicas y dice que debieran ser licencias otorgadas de manera simple no obstante ser servicios públicos”.
En ese sentido, señaló que son consideraciones que se van a tomar en cuenta, como las demás que han presentado los invitados del foro.
El documento circulado a los senadores bajo el título “ Comentarios del Secretariado de la OCDE a la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México”, plantea que el paquete legislativo haga que los servicios de telecomunicaciones sean más competitivos y beneficien a todos los mexicanos.
“De ahí que sea imperativo que la iniciativa preserve y fortalezca el espíritu de la Reforma Constitucional, a saber, impulsar la competencia en el mercado y crear un órgano regulador sólido. La regulación en materia de telecomunicaciones es un asunto exclusivamente técnico que, como tal, debería ser de mutua colaboración y no politizarse”.
La OCDE afirma que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse”, porque la iniciativa remitida es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del mercado, lo cual puede obstaculizar las funciones del IFT al socavar su facultad de analizar y emitir regulaciones.
“El prescribir detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente. Recomendamos al Senado corregir tales limitaciones”.
