MÉXICO, D.F. Para el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, la reforma al artículo 108 aprobada este jueves por el pleno senatorial, evitar que servidores públicos municipales hagan mal uso de los recursos públicos federales y que se repitan escandalosos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Ante la asamblea de senadores, el legislador oaxaqueño expuso:
“En el presente dictamen, la modificación al artículo 108 radica en puntualizar y expresar que los servidores públicos en el ámbito municipal también serán acreedores al fincamiento de responsabilidad a que hace alusión nuestra carta magna. Un principio general del derecho señala que todo aquél que cause un daño a otro: ‘debe resarcirlo’. Así, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto”.
Refirió que la Constitución Mexicana establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos, para que estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público.
“Y es que cada vez más, los ayuntamientos de nuestro país, vía el proceso de descentralización de la administración pública, manejan y administran fondos federales, por lo tanto no podía quedar ese vacío en nuestra Constitución y no fueran imputables cuando actúen ilícitamente en la aplicación y en el manejo indebidos de los fondos federales”, reiteró.
Como lo señala el dictamen de mérito, dijo el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador federal había dejado la oportunidad de redactar en el texto constitucional, que los integrantes de los ayuntamientos fueran responsables también por manejo indebido de fondos federales y acreedores por lo tanto sujetos de violación a la Constitución General.
“Ya basta de casos como el del ex alcalde de Tultitlán, Estado de México, José Antonio Ríos Granados; de los ex ediles de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, donde ninguno se ha salvado de serias acusaciones por enriquecimiento propio y de sus familiares durante sus administraciones”, soltó.
O el caso de los ex presidentes municipales de Reforma, Chicomuselo, Ocozocoautla, Cacahoatán, del municipio de Francisco León, y de Ixhuatán, todos ellos de Chiapas, acusados de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, entre otros delitos presuntamente cometidos durante sus respectivos gobiernos municipales, agregó.
Así con el del ex alcalde de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en Oaxaca, acusado de haber adquirido una propiedad en el centro histórico de esa ciudad, con valor aproximado de más de quince millones de pesos, señaló.
Por lo que, con la reforma aprobada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró que se combatirá el lamentable fenómeno que se presenta en algunos ayuntamientos, en los que los servidores públicos se creen dueños del municipio, se creen omnipotentes y abusan del “poder” en detrimento de la ciudadanía y de la hacienda pública.
