El experto en derechos humanos de Naciones Unidas Juan E. Méndez informó hoy 16 de abril que visitará México a invitación del gobierno del 21 de abril al 2 de mayo para evaluar la situación e identificar los desafíos relacionados con la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El relator explicó en un comunicado que discutirá y evaluará la implementación de la nueva legislación procesal penal, así como la extracción forzada de confesiones y el uso del arraigo, entre otros temas relacionados con su mandato.
Méndez también revisará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en esa situación en espera de juicio, cumplimiento de una larga sentencia o personas migrantes detenidas en estaciones migratorias.
Méndez compartirá sus conclusiones y recomendaciones preliminares durante una conferencia de prensa que tendrá lugar 2 de mayo en el Centro de Información de Naciones Unidas en el Distrito Federal.
El Relator Especial presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2015.
“Espero con interés poder entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales y los dirigentes de la sociedad civil”, apuntó.
Esto, indicó, con el fin de “ayudar en el cumplimiento de los estándares de derecho, promoción de la investigación y enjuiciamiento de todas las acusaciones de tortura y malos tratos en conformidad con los principios internacionales, y la garantía de reparación para las víctimas”.
El Relator destacó que la investigación pronta e imparcial de todas las acusaciones de tortura, así como el enjuiciamiento y castigo de los responsables es una de las principales obligaciones de los gobiernos bajo la prohibición internacional absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante los 12 días que estará en el país, el Relator visitará, además de la Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde acudirá a prisiones, estaciones policiales, centros de interrogación, centros de privación de libertad de menores y mujeres, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias para evaluar las condiciones de detención.
El experto se reunirá con un gran número de autoridades ejecutivas relevantes, representantes del poder judicial y el poder legislativo, instituciones de derechos humanos, sociedad civil, organismos internacionales y regionales, así como con víctimas y sus familiares.
