La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados reveló que el subejercicio presupuestal en programas para pueblos indígenas ascendió a cuatro mil 435 millones 200 mil pesos en los últimos cuatro años.
Esto significa que de 2010 a 2013 dejaron de canalizarse a las comunidades más marginadas del país 20.5% de los recursos que tenían asignados.
Al dar cuenta de esta situación, el presidente de esa comisión, el diputado José Luis Muñoz Soria, lamentó que si bien cada año se destina mayor presupuesto al Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai), en los hechos se hace cada vez menos para dotarlos de servicios de drenaje, saneamiento, agua potable y comunicación terrestre.
Para atender esta problemática, la citada comisión ha solicitado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, poner a disposición del público, a través de la página de internet de la dependencia que encabeza, la información relativa al Pibai de 2009 a la fecha, a fin de transparentar el gasto efectivo y conocer cuáles son las comunidades afectadas por las obras que se dejaron de realizar.
El legislador del PRD informó que de 2010 a 2013 dejaron de ejercerse cuatro mil 435 millones 200 mil pesos de un total de 21 mil 632 millones presupuestados.
“Esos recursos hubieran sido suficientes para remediar las carencias de numerosas comunidades indígenas en cuanto a infraestructura de tales servicios y, sin embargo, no se hizo y se les condenó a seguir en condiciones insalubres, a pesar de haber dinero para que eso ya no fuera así”, denunció Muñoz Soria.
Al ofrecer detalles sobre el acumulado de ese subejercicio presupuestal, expuso que en 2010 se presupuestaron cuatro mil 697 millones 700 mil pesos, pero no se ejercieron 504 millones.
En 2011, la asignación fue de cuatro mil 801 millones de pesos, pero se omitió el gasto de 545 millones 600 mil pesos; en 2012 se canalizaron cinco mil 908 millones 300 mil, mas se dejaron de ejercer 395 millones 400 mil.
Y si bien en 2013 se aprobaron seis mil 225 millones 700 mil pesos, en la práctica se omitió el gasto de dos mil 990 millones 200 mil pesos.
A modo de explicación de este fenómeno, el diputado perredista comentó que todo indica que las obras de infraestructura requeridas por las comunidades podrían requerir mayores inversiones y, por lo tanto, asignaciones presupuestales superiores a las previstas y esquemas de financiamiento sustentados en convenios entre la Federación y los municipios.
Lamentablemente, enfatizó el presidente de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que carece de información gubernamental sobre las comunidades potencialmente beneficiarias.
Dicho organismo también desconoce las causas por las cuales las obras y los programas no se realizaron.
Consecuentemente, alertó el legislador federal: “Resulta imposible, o por lo menos difícil, que el gobierno cumpla con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, en el sentido de que los recursos públicos se administrarán con eficiencia y eficacia económica, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Piden cuentas a Mayorga
La diputada Teresa Mojica Morga pidió que Nuvia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) comparezca ante la Cámara de Diputados, para que explique los mecanismos de atención a los afromexicanos.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que sigue pendiente el informe solicitado a dicha institución sobre los programas y las acciones que atienden a esas comunidades.
“Nos dicen que el Programa de Infraestructura Indígena tiene programada la realización de tres obras en Guerrero, en los municipios de Igualapa y en Ometepec, en las localidades de Zacualpan y Paso del Tabaco, y que la inversión total programada es de 34.4 millones de pesos.
“Lo único que quiero decir al respecto es que esta población no es una población afromexicana, sino una población indígena”, se inconformó la diputada.
Mojica Morga recordó que para superar las condiciones de marginación que afrontan dichas comunidades, propuso una reforma que garantice su reconocimiento.
“Les pido la sensibilidad a los diferentes coordinadores parlamentarios y a los diputados federales para que logremos el reconocimiento constitucional de los afromexicanos, para que podamos ayudarlos verdaderamente y no tener que decir que estamos apoyando a esa población a través de la población indígena, que es la que sí está reglamentada”, planteó.
La legisladora federal por el PRD es en la Cámara de Diputados es secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, así como de la de Agua Potable y Saneamiento.
