Aunque los niveles de violencia en Oaxaca son mucho menores comparativamente hablando con los registrados en otras entidades, los hechos de violencia que se han vivido en la tierra del Benemérito de las Américas, son una llamada de alerta para no permitir, que aún cuando son hechos aislados, vayan a la alza, enérgico expresó el Presidente de la Comisión de Administración de Justicia de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Gerardo García Henestroza.
El legislador albiazul hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Judicial, para que cuanto antes coincidan en una agenda especial, a fin de diseñar una estrategia conjunta que prevenga, inhiba y castigue de manera más severa el uso de la violencia para resolver diferencias de cualquier tipo en Oaxaca.
“no se trata de castigar por castigar, el fondo de esto tiene que ver con erradicar practicas que se han convertido literalmente en hechos cotidianos, por eso la importancia de coordinar esfuerzos entre los poderes del Estado y sus instituciones, ya que se debe trabajar desde donde se gesta el fenómeno para cortarlo de raíz”.
Para lograrlo se debe involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones, órganos autónomos y a quienes sea necesario para generar un modelo acorde a las condiciones que se viven en Oaxaca “debemos fortalecer lo que ya se está haciendo para que los resultados sean mejores, es decir, como representantes del pueblo debemos mejorar el funcionamiento del aparato gubernamental, con el fin de acrecentar la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones y con ello hagamos un trabajo integral para cumplir con el objetivo que es ya no ver enfrentamientos, uso de armas y violencia en cualquiera de sus expresiones”.
Papel fundamental jugará el gobierno federal a través de sus propias instituciones para coadyuvar en este esfuerzo que sin duda será histórico, asentó el panista, por ello el llamado es extensivo para las fuerzas armadas, toda vez que cuentan con la capacidad para combatir el uso ilegal de las armas.
Señaló que de concretarse la propuesta se sentaría un precedente en el país, al ser Oaxaca el primer Estado que reforme, modifique o actualice sus leyes con base en un diagnóstico claro del fenómeno de la violencia.
