A raíz del debate público que se ha dado sobre la iniciativa de ley secundaria de Telecomunicaciones, la Presidencia de la República decidió que su vocero, Eduardo Sánchez, y el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, dieran su versión.
Este miércoles 23 de abril convocaron por separado a diversos medios digitales, entre ellos Animal Político. Hoy publicamos la versión completa de la entrevista.
Animal Político: Arranquemos con un tema general: ¿Quién esta detrás de la ley secundaria de Telecomunicaciones, particularmente del documento que ayer presentó Javier Lozano? ¿Quiénes lo hicieron?
Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal: El proyecto que presentó este martes 22 de abril el senador Lozano es un proyecto de él.
Animal Político: Y la iniciativa original de la Presidencia, ¿quiénes participaron para hacerla?
Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones: El proyecto es de un nivel de complejidad bastante profundo y no hay un solo especialista en el mundo que pueda escribirlo completo. Necesitas grupos de expertos.
En primer lugar se hizo al interior de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con apoyo de la entonces Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones). Y dentro del gobierno participaron diferentes instancias para materias especializadas. Por ejemplo, en materia de contraprestación [pagos de concesiones e impuestos], la Secretaría de Hacienda; para derechos de los usuarios, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor). Obviamente la Consejería Jurídica le dio forma. Es decir, es un documento elaborado por el Gobierno de la República y coordinado por la SCT.
En un segundo momento, también se recibió una muy importante cantidad de propuestas no solicitadas. ¿Por qué digo no solicitadas? Porque el documento no se hizo a través de un foro de consulta pública. Quienes de manera unilateral y espontánea elaboraban una propuesta y la venían a entregar, la recibíamos y analizábamos para determinar qué de eso podía ser tomado en cuenta y qué no.
En la mayoría de los casos se le daba retroalimentación a quien nos daba la propuesta para decirle “mira, esto se aceptó y esto no, por estas razones”. Aceptamos todo aquello que era congruente con los objetivos de política pública que, con esta normatividad, se deben alcanzar en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
AP: ¿Quiénes entregaron propuestas?
IP: Los regulados entregaron propuestas: Telmex-Telcel, Telefónica, Axtel, Iusacell, Nextel, Alestra. O las cámaras empresariales como CANIETI, el Consejo Coordinador Empresarial… Entregaron propuestas el CIDE, consultores, académicos. Incluso el gobierno del Estado de Oaxaca sobre temas de estaciones comunitarias. Fueron más de 30. También la Amedi, de legisladores como la diputada [perredista] Purificación Carpinteyro.
Sí se enriqueció con una gran cantidad de propuestas. Las estudiábamos y de ahí adoptábamos algunas cosas y otras no, porque finalmente era un proceso de construcción de consensos.
AP: ¿Televisa y Azteca también? ¿o lo hicieron vía la CIRT?
IP: Televisa y TvAzteca también, la CIRT envió propuesta y tuvimos reuniones con todos. Bueno no con todos, pero sí tuvimos muchas reuniones de retroalimentación y de análisis con muchos actores.
AP: ¿Esperaban la reacción negativa que se ha dado entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil?
IP: Sí esperaba una reacción por dos razones: es un sector muy mediático, que tiene un alto nivel de concentración y como lo que pretende la ley es buscar cómo transitar de un sector con alto nivel de concentración a un sector de mayor competencia, obviamente iba a haber reacciones.
AP: Paradójico que, según usted, se alienta la competencia, pero una buena parte de críticas son de académicos y especialistas, que dicen lo contrario.
IP: Son interpretaciones que respetamos, pero también hemos generado un espacio para poder platicar, aclarar y explicar cada uno de los temas. Además, te puedo decir que sobre temas específicos como interconexión, hemos consultado con expertos a nivel internacional y académicos que tienen opiniones antagónicas. Hay organismos internacionales que recomiendan una cosa y poco después, otra. Son sectores muy dinámicos. Y más: una recomendación que pudiera haber sido muy efectiva en un mercado como el europeo, probablemente no se recomiende para un mercado como el mexicano. Es decir: es un tema sujeto a diferentes interpretaciones, a recomendaciones y que por eso, hemos estado siempre al diálogo.
ES: Esta reforma, además, tiene un nivel de detalle que nunca habíamos visto. Es decir, hay una reforma constitucional con 18 artículos transitorios, donde se establecen con exactitud y precisión los lineamientos más importantes que debían tener de las leyes secundarias.
Los márgenes que la Constitución le da al Congreso para regular esta reforma son realmente estrechos. No son tan amplios como para poder afirmar, como en ocasiones se ha hecho, que tal o cual cosa contradice a la Constitución. Si como resultado del proceso legislativo esto sucediera, sería fácilmente identificable.
AP: El gobierno federal ha dicho que está abierto al diálogo. Sin embargo, el anuncio de apertura se dio unas 36 horas antes del debate y votación en comisiones. ¿Cómo entender un llamado así en estas condiciones?
IP: Desde que la iniciativa se envió al Senado, el 24 de marzo, yo he estado con una agenda dedicada al tema. Hemos estado recibiendo a regulados y cámaras, incluso a algunos académicos y a organismos internacionales como la OIT. Hemos tenido un diálogo especializado sobre temas muy técnicos y muy específicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se ha dado un gran debate y éste ha enriquecido la iniciativa.
ES: A 36 horas sigue el diálogo, que tiene más de un año, si tomamos en cuenta que la reforma constitucional se aprobó en junio. Todavía hoy se dio una conferencia de prensa con el secretario de Comunicaciones y Transportes y el líder de la bancada de mi partido. Cada minuto cuenta y el gobierno de la República tan lo toma en cuenta que ocurrió esto.
AP: ¿Diría que este intenso debate público y que las aportaciones de todos están reflejados en la ley?
IP: Yo creo que la iniciativa es un mosaico multicolor y muchos temas están reflejados. Algunos seguramente no, pero sí todos los que están de acuerdo con la política pública que queremos para este sector. Es una iniciativa que genera un marco normativo que permite cumplir con nuestros objetivos de política pública.
Parte de las reacciones que me esperaba es porque estamos hablando de una reforma a la legislación secundaria y alrededor de ella gravitan intereses relacionados con lo que ahí se va a normar. Ésa es la dinámica que se ha dado. Probablemente algunas recomendaciones de algunos regulados no se tomaron en cuenta, porque probablemente no iban en la dirección del cumplimiento de los objetivos de política pública que se plasman en la Constitución.
ES: Ese debate sí está reflejado. También es cierto que el debate de ahora puede estar más orientado y motivado por los intereses que se afectan, los privilegios que se tocan y los obstáculos que se derriban. El gran debate que fue con anterioridad tenía que ver con esta refundación del marco regulatorio de las telecomunicaciones.
AP: Dice que se escucharon muchas voces, pero cómo explicarse que hasta el propio órgano regulador, el IFT, ha presentado objeciones. ¿No los sumaron a este debate?
IP: La Cofetel, que desapareció en septiembre, participó en el diseño del documento original. Ahora el IFT manifestó su posicionamiento en 15 o 16 puntos …
AP: Pero después de que presentaran la iniciativa. La pregunta es ¿no sumaron al IFT al debate antes de presentar la iniciativa?
IP: No. Participó la entonces Cofetel. Con el IFT no platicamos. Por eso era una iniciativa exclusiva del Ejecutivo Federal. El IFT es un órgano que tiene autonomía constitucional.
AP: Usted insiste que ha habido amplio debate. Cómo se explica medio millón de tuits de ciudadanos criticando la iniciativa…
ES: Una parte de la iniciativa. Eso es bien importante contextualizar. La iniciativa es amplísima y de un hondo calado y estas expresiones que hemos visto se refieren a una parte importante, pequeñita, a una pieza que tenía que ver con la posibilidad de dotar a las autoridades de procuración de justicia de algunos elementos adicionales para el combate a los delincuentes y que fueron interpretados —interpretación que no compartimos, pero somos sensibles a ella— como una intención del Ejecutivo de interferir en la libertad de expresión, en los derechos de los usuarios de internet y restringir de alguna manera los campos de acción.
¿Por qué incluimos esas propuestas? De la misma manera en que las herramientas de las telecomunicaciones se ponen al servicio de la comunidad, éstas son aprovechadas por los delincuentes. Nos encontramos con delincuentes cibernéticos, con los que utilizan las líneas telefónicas para el engaño, para el secuestro, prostitución infantil, para la trata de personas, los ataques cibernéticos, los fraudes. Pensando en eso buscamos tener herramientas mucho más sólidas para poder intervenir rápidamente cuando alguien lo necesita.Pero aceptamos que fueron interpretadas con una segunda intención y esto generó una gran cantidad de tuits respecto a eso.
“La iniciativa es amplísima y de un hondo calado y estas expresiones (de crítica a la iniciativa) se refieren a una parte pequeñita”. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.
Por eso, hoy hablamos con el grupo parlamentario del PRI y acordamos: si este texto genera esta suspicacia, simplemente lo retiramos. No hay ninguna segunda intención y confiamos en que el Poder Legislativo encontrará algunos textos que pudieran conciliar nuestra posición de fortalecer la procuración de justicia con las demandas. Pero si dijeran que no, ni modo.
AP: Precisemos esto que dice, porque usted afirma que pueden quitarse, pero apenas ayer, el documento que presentó Javier Lozano no cambia en nada lo propuesto originalmente sobre internet. Y por eso las críticas.
ES: Esto que menciono fue hoy. El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo, sobre los textos que han generado esta mala interpretación, que no hay ningún inconveniente en que sean modificados. No nos opondríamos a eso.
Otra cosa es lo que decidan los senadores, porque ese es un asunto que corresponderá exclusivamente al Senado.
AP: Claro que corresponderá al proceso legislativo. Pero seamos precisos y no lo dejemos en “se pueden hacer cambios”. ¿Ustedes qué artículos pueden aceptar que se quiten?
ES: Nosotros incluso lo planteamos en términos mucho más amplios…
AP: Por eso pido la precisión, para que no sea una generalidad.
ES: No se hizo un catálogo de los artículos. Se dejó amplísimo espacio para que aquellos textos, en general, que pudieran ser interpretados como violatorios de una libertad de expresión, violatorios de alguna libertad, o que pudieran percibirse como una intromisión en datos privados, en conversaciones, etcétera, por parte del Ejecutivo, los senadores estuvieran en libertad de modificarlos.
AP: Pero eso es una obviedad: los senadores tienen la facultad de cambiar lo que sea. Por eso mi insistencia de ser preciso.
ES: Lo que nosotros, como gobierno, manifestamos fue que, en este debate, no vamos a intervenir. Cualquier texto que sea interpretado como lo he dicho, nosotros ni nuestra fracción parlamentaria insistirá en incluirlo.
AP: Hablemos de casos específicos. ¿Ustedes y su fracción parlamentaria, por ejemplo, están dispuestos a retirar su propuesta de retención de datos?
ES: Es correcto.
AP: Esa es la precisión que pedía. ¿En retención de datos, el PRI y el gobierno federal proponen “saquemos eso”?
ES: Si fuera el caso
AP: ¿Cómo que si fuera el caso?
ES: Si en la discusión se encuentra con que este preciso tema pudiera interpretarse como intromisión o de restricción de las libertades…
AP: Está interpretado así, por eso lo planteo. Coincidirá, subsecretario, que retención de datos fue una de las objeciones que se ha hecho a la iniciativa. ¿Están dispuestos a retirar la propuesta de retención de datos?
IP: Quisiera poner las cosas en contexto: El capítulo de colaboración con la justicia se elaboró con especialistas de las entidades de seguridad nacional. Estas entidades ya tienen en la ley de telecomunicaciones vigente, que es de 1995, autorización para realizar operaciones que tienen que ver con su materia fundamental, que es la seguridad nacional.
Cuando se elaboró el proyecto, se les invitó para ver si ellos estaban trabajando bien con el texto actual o si requerían atender necesidades adicionales.Las necesidades adicionales que plantearon son las que se especifican en la iniciativa.
Lo que hoy queremos decir es que cancelamos los artículos que buscaban cubrir estas necesidades adicionales y regresamos, letra por letra y coma por coma, al texto vigente de 1995.
AP: ¿Podemos saber a cuáles artículos nos referimos?
IP: Por ejemplo, el tema del bloqueo de señales
AP: ¿Va para fuera?
IP: Sí. Otro tema es la geolocalización, que permite a todas las instancias de seguridad nacional el uso de esta posibilidad. En la ley actual sólo lo permite a la PGR. Se cancela que también puedan pedir otras instancias de seguridad nacional.
AP: ¿Bajar páginas de internet?
IP: Va para afuera
AP: ¿Bloqueo de señal de internet?
ES: También.
IP: No tenemos ningún inconveniente de que se cancelen y que regresemos al texto vigente.
ES: En nuestro concepto, estos temas le faltarán a la iniciativa, pero si es motivo de polémica, van para afuera.
AP: Sobre otros temas: neutralidad de la red. Se critica que la iniciativa no favorece la neutralidad.
IP: En los articulados, se establece con claridad que los concesionarios, los operadores de redes a no pueden discriminar ningún tipo de tráfico. Eso es muy claro en la iniciativa y es el principio fundamental de la neutralidad de la red.
Pero esto hay que ponerlo en un contexto de algo que está sucediendo a nivel internacional: la neutralidad en la red está sujeta a un debate mundial que no sabemos dónde va a terminar. La iniciativa debió ser elaborada en medio de este debate. Lo que hicimos fue tomar una recomendación de las mejores prácticas, que hace la OIT, para introducir una nueva figura que es muy innovadora y orienta soluciones de mercado: el gestor de tráfico. El gestor lo que hace es que el operador deberá definir parámetros que le permitan gestionar el tráfico, parámetros autorizados por el órgano regulador, que tengan como objeto mantener e incrementar la eficiencia de la red.
Hemos puesto ejemplos, como Netflix, que es el mayor consumidor de banda ancha en el mundo y que no tiene redes ni ha invertido un peso en redes. Se sube a las redes de los operadores y concesionarios. El problema que tenemos es que el usuario es una persona que firma un contrato con el operador de redes, para recibir internet, y por otro firma un contrato con aplicaciones como Netflix, que utiliza esta red, pero no existe una relación contractual entre Netflix y el operador. Están conectados por el usuario.
Si no existe un elemento de administración de las aplicaciones, se da lo que hemos estado experimentando en México, que es la saturación de las redes, que nos reduce o limita ucho el uso de la infraestructura.
A través de la gestión de tráfico se permitirá administrar este tema para evitar saturación en las redes y que maximicemos: hacer que las redes sean eficientes
AP: Pero esto no garantiza competencia y acceso pleno, ¿no?
IP: Lo que queremos con esta gestión de tráfico es administrar la capacidad de la red. Yo creo que no afecta la neutralidad, porque su función es buscar la eficiencia de la misma.
Ciertamente el problema existe y si no se toman medidas, el problema va a continuar. Lo que va a seguir sucediendo es que vamos a seguir teniendo problemas de saturación e ineficiencias de la red.
Una exigencia muy importante a los operadores es que haya una mayor inversión para que haya un mayor ancho de banda, pero eso no sucede de la noche a la mañana.
AP: ¿Cómo evitar la discrecionalidad, los límites a la competencia, con el pretexto de “la administración de la red”?
IP: La discrecionalidad estará limitada porque los parámetros los debe establecer el órgano regulador y deben cumplir un objetivo central: maximizar la eficiencia de la red. Es una medida que busca mantener la eficiencia de la red y orientar una solución de mercado.
AP: También se insiste que la iniciativa no incorpora temas clave, debatidos ya en el mundo,como televisión móvil, derechos de personas con discapacidad, derechos de las audiencias…
IP: Le estamos haciendo recomendaciones a la Cámara de Senadores para que, por ejemplo, las estaciones de radio comunitarias e indígenas no estén obligadas a transmitir todo en español y puedan transmitir parte de sus contenidos en sus lenguas indígenas. Se están haciendo recomendaciones para que también consideren el que un porcentaje de la programación deba estar acompañado por lenguaje de señas.
AP: Pero en la iniciativa hay pocas referencias a estos temas. Hablo, por ejemplo, de dos temas: personas con discapacidad y derechos de las audiencias.
IP: Se establece que habrá defensa de los derechos de audiencias por cada uno de los concesionarios, se obliga a que exista. O sea un concesionario no puede no tenerlo. Y se le obliga a seguir ciertos parámetros.
AP: ¿Es suficiente? ¿No se deja a las audiencias en la indefensión?
IP: El tema de que se pueda transmitir porcentajes de la programación con lenguaje a señas es un derecho a las audiencias. Así se estableció y es un derecho que tendría que defender precisamente el defensor de las audiencias. Si un canal no está transmitiendo absolutamente nada con lenguaje de señas, es un reclamo que se le tiene que hacer a ese defensor y que tiene que activar decisiones para que se cumpla.
AP: Transparencia. ¿Es una iniciativa coja en lo que se refiere a transparencia en las decisiones de la SCT o el IFT?
IP: Probablemente no tenga muchos temas de manera explícita, pero sí se hace una referencia para que los parámetros de transparencia sean consistentes y se cumplan con respecto a la ley de transparencia.
AP: ¿Eso es suficiente?
IP: Podríamos repetir lo que la Ley de Transparencia ya dice, pero además, hay temas de seguridad nacional, en los que no puede haberla. Por ejemplo, que se publique toda la infraestructura que tienen los concesionarios. En Michoacán, los Zetas pudieran entrar a la página de internet del IFT y dinamitar todas las radiobases, dejando sin comunicación al estado.
Al IFT se le regula en términos de transparencia, pero también se reservan algunos temas que pudieran anticipar decisiones regulatorias o que pudieran generar criterios regulatorios, que en un primer momento deben ser parte de un análisis no público. Sin embargo, fuera de esas excepciones, sí hay obligatoriedad muy importante en transparencia para el propio Ifetel. Probablemente no al grado de obligarles a dar a conocer el dictamen, pero sí a motivar a fundamentar públicamente cada una de sus decisiones regulatorias.
AP: Medios públicos ¿Por qué la insistencia de que no pueden comercializar o de establecer barreras de entrada?
IP: Queremos fortalecer los medios públicos. ¿Cómo se van a financiar? Es uno de los temas que más controversia ha generado y se suma a la obligatoriedad de independencia editorial.
Creemos que aceptar la comercialización abre la posibilidad de que los anunciantes se anunciantes puedan limitar la independencia editorial. Nosotros creemos que, por política pública, no deben de tener la capacidad de publicitar espacios comerciales. Su financiamiento va a ser a través de presupuesto que asigna la Cámara de Diputados
AP: Finalmente, órgano regulador. ¿Están convencidos de que se fortalece al regulador con esta ley secundaria?
IP: Totalmente convencido de que se fortalece y que hay un absoluto respeto a su autonomía constitucional.
AP: ¿Convencidos también de que la Secretaría de Gobernación debe regular contenidos, preguntaría para cerrar?
IP: ¿Cuál es el parámetro constitucional para definir que los contenidos los debe regular el Ifetel? Habría que diferenciar lo que es un fundamento constitucional y lo que es una decisión de política pública. Y la única referencia constitucional en materia de contenidos, como atribución específica del IFT, se refiere a contenidos infantiles y de tiempos de publicidad. Esos estarán debidamente regulados en la iniciativa en el IFT.
Pero no dice en la Constitución que, por ejemplo, los contenidos en materia de salud deban de estar en el IFT, porque esa es una decisión de política pública.
Supongamos que hay una farmacéutica que publicista una pastilla milagrosa que cura todo, estamos convencidos de que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, es quien tiene los elementos para determinar si esa publicidad debe o no emitirse. Y que si la ponemos en el IFT se corre el riesgo de que se pueda no regular adecuadamente.
