A menos de 24 horas de la tercera reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha quebrado una lanza por el modelo económico diseñado por su padre político Hugo Chávez. El chavismo sigue en sus trece y salvo la orden de agilizar trámites burocráticos no pretende dar marcha atrás en el principal motivo de disputa que mantiene a este país dividido desde hace tres lustros.
Las esperadas medidas económicas anunciadas por Maduro, enmarcadas dentro de lo que el relato oficial llama Conferencia Económica por la Paz, se convirtieron en un recital de compromisos sin una concesión de fondo en su visión de la economía. Ya lo había advertido el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, en una entrevista con este diario el pasado domingo. El Gobierno está muy aferrado a su modelo y está convencido de que ese es el camino. Que se pacte una visión compartida del desarrollo económico en las conversaciones que las partes mantienen con los buenos oficios de tres cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones y del embajador del Vaticano es uno de los anhelos de la oposición. Los anuncios de hoy sepultan de momento esa posibilidad. Con esa novedad el Gobierno y la oposición se verán las caras nuevamente este jueves en una cita que no será televisada.
El Gobierno reiteró su promesa de ayudar al empresariado que produce e importa, pero siempre dentro de lo que el vicepresidente Jorge Arreaza llamó el perfeccionamiento del sistema cambiario. Venezuela entrega divisas a tres tipos diferentes de cotizaciones. Una, a Bs 6.3 por dólar, que permite importar alimentos básicos. La segunda, llamada tasa Sicad I, de 11.3 bs por dólar, suministra divisas a importadores de bienes no prioritarios y a los viajeros venezolanos para sus consumos en el exterior. La tercera, de unos 49.5 bolívares por dólar, permite a todo aquel no tomado en cuenta en los dos primeros ítems adquirir dólares para consumo personal o para su negocio. Y está el cambio no oficial que ronda los 67 bolívares por dólar y que en virtud de las restricciones en la entrega de subsidios se ha convertido en el marcador de los precios de los bienes y servicios.
Para poder recibir los dólares a las tasas preferenciales el productor debe obtener un Certificado de No Producción Nacional, un proceso que, sometido al entuerto kafkiano de la burocracia venezolana, termina por entorpecer el abastecimiento ygenerar la escasez. Es un gesto que el empresariado valora y que los expertos anticipan que podría mejorar el abastecimiento, pero que está lejos de resolver el problema de fondo de la economía venezolana. En plena transmisión de televisión, mientras Arreaza tomaba la palabra, Maduro firmó un decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre la vigencia de esos certificados. El gobierno utilizará lo que queda de 2014 para generar tecnología que permita a partir de 2015 simplificar la solvencia para proceder con la importación. “No vamos a eliminar los requisitos”, aclaró Arreaza.
Fue quizá lo más resaltante de los anuncios. El Gobierno también le va a dar a los privados la posibilidad de financiar sus proyectos con los fondos que ha establecido con China (Fondo Chino), el Fonden y el fondo Mercosur-Alba, formados a partir del dinero que entrega el Banco Central al Ejecutivo y que éste maneja a discreción. “Hay recursos en divisas y en bolívares para dinamizar una nueva estrategia de inversión”, señaló Maduro.
La segunda fase de la llamada “ofensiva económica” empezará el lunes 28 de abril con la visita de ministros y funcionarios a las empresas de todo el país. Es muy diferente a la primera etapa, que consistió en la confiscación y venta de electrodomésticos a precios fijados por el Gobierno en vísperas de las elecciones municipales del 8 de diciembre. El Gobierno pretende ahora comprobar cuáles son los problemas de esas empresas que le impiden operar a plena capacidad y apoyarles para que levanten su producción. Aunque parece un plan mucho más sosegado, Maduro y su equipo insisten en la idea de que todos los bienes deben ser vendidos a “precios justos”. Es ese el verdadero cortocircuito que impide elevar la producción local.
Esa expresión, convertida en un mantra por el discurso oficial, se ha convertido en el comodín para intentar hacer justicia. Durante todo el día se esperaba el anuncio de los “precios justos” de los coches nuevos, un bien escasísimo en el país. Cuando llegó la hora de despedir la transmisión el gobernante venezolano pospuso nuevamente el anuncio y lo delegó en sus ministros. Pero antes de irse se permitió justificarse: “Pero antes de anunciar los precios debe haber carros. Hay que regularizar la producción”, dijo con una media sonrisa. Al finalizar el acto la televisora del Estado, Venezolana de Televisión, el gran vehículo de la propaganda oficial, reforzaba el mensaje clave del Gobierno: “El comandante Chávez nos dejó patria y un proyecto para los próximos 100 años con cinco objetivos históricos”.
