Tras la presentación de la iniciativa para permitir la interrupción legal del embarazo en Guerrero hasta la semana 12 de gestación por parte del gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, expertas en la materia señalaron que dicha propuesta debe ir acompañada de cambios en las políticas públicas de la entidad.
Graciela Freyermuth, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México, indicó en entrevista que la manera en cómo se podrían reducir los índices de mortalidad materna al legalizar el aborto en Guerrero es mediante la garantía de abortos seguros, ya que muchas veces se practican en condiciones insalubres debido a que las mujeres no tienen dónde acudir o no se los quieren realizar.
La doctora en antropología social y licenciada en medicina agregó que este cambio legal garantizaría la realización de abortos mediante el uso de medicamentos, lo cual es mucho más barato, y ayudaría a reducir el número de atenciones de emergencia a mujeres que intentaron realizarse un aborto de manera clandestina, situación que resulta costosa para el erario.
Sin embargo, refirió, un gran aspecto a trabajar para garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas es la facilitación del acceso a anticonceptivos y a servicios amigables, sobre todo para la población joven.
Por su parte, María del Carmen Díaz Amador, directora de la organización civil World Vision, señaló que lo que hará efectiva esta despenalización es la garantía del acceso a servicios médicos y a educación sexual a toda la población.
Al respecto, Freyermuth aclaró que esta educación no solo debe ser para los niños y jóvenes, pues consideró que también los profesionales de la salud deben capacitarse en la materia para hablar con los asistentes a los centros de salud del tema y evitar embarazos no deseados.
Cifras dadas a conocer por el OMM en su Numeralia 2012 revelaron que en ese año se registraron 56 muertes relacionadas con embarazos en la entidad; sin embargo, hay una estimación de 75.9 muertes de mujeres como consecuencia de su embarazo por cada 100 mil embarazos.
De los registros, 33.9 por ciento era hablante de lengua indígena; 64.3 por ciento se dedicaba al hogar; 21.4 por ciento no tenía escolaridad; 30.4 por ciento contaba con primaria incompleta, y 78.6 por ciento vivía con su pareja.
La mayoría de ellas, 60.7 contaba con Seguro Popular; 35.7 por ciento murió en una clínica o en un hospital; 26. 8 por ciento en su casa; 64.3 por ciento contó con asistencia médica; 92.9 por ciento tuvo certificado otorgado por un médico; 35.7 por ciento murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio; 23.2 por ciento por enfermedades hipertensivas del embarazo, y 19.6 por ciento por causas obstétricas indirectas.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su respaldo a la iniciativa de ley para despenalizar el aborto en el Estado de Guerrero, ya que, atiende a recomendaciones internacionales.
En un comunicado de prensa, el organismo internacional señaló que la iniciativa de reforma a la Ley de Salud y el Código Penal de la entidad tiene el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar.
