La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes que México investigue las denuncias de agresiones cometidas contra unos 250 migrantes centroamericanos hace dos semanas en la región de Tabasco, en el sureste del país.
El pasado 30 de abril, unos 250 migrantes centroamericanos fueron arrestados por agentes de la Policía y del Instituto Nacional de Migración (INM) en el poblado de Chacama, cuando emprendían una caravana a pie en su camino clandestino hacia Estados Unidos.
Reportes coincidentes, sin embargo, informaron sobre violencia aplicada contra mujeres, niños y ancianos, y contra dos religiosos y un activista de los derechos humanos. Varios de los migrantes estarían desaparecidos.
La CIDH manifestó “su preocupación” por las agresiones contra los migrantes y contra fray Tomás González, fray Aurelio Montero y Rubén Figueroa, quienes son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión desde abril del año pasado.
El relator de los Derechos de los Migrantes en la CIDH, el comisionado Felipe González, recordó que el Estado mexicano tiene “la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes, que se encuentran bajo su jurisdicción”.
A su vez, James Cavallaro, relator de la CIDH para México, repudió que activistas y religiosos hayan sido objeto de agresiones y violencia a pesar de la emisión de medidas cautelares en su favor.
“Urgimos al Estado mexicano a implementar estas medidas cautelares, que aún están vigentes, de manera que se garantice la seguridad de las personas beneficiarias”, apuntó Cavallaro.
Por ello, la CIDH “urge a las autoridades mexicanas a investigar estos hechos en forma diligente e imparcial y, en particular, a investigar las denuncias de abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del INM y de policías” en los episodios.
Unos 140 mil extranjeros, la gran mayoría centroamericanos, emprenden cada año viajes clandestinos por territorio mexicano en trenes de carga para llegar a Estados Unidos, y se exponen a ser víctimas de secuestros, asesinatos, violaciones y extorsiones a manos del crimen organizado que controla esas rutas.
Después que las empresas de ferrocarriles pasaron a obstaculizar el uso de los trenes de carga -conocidos como La Bestia- por parte de los migrantes, este grupo de indocumentados inició la travesía a pie, en caravana.
