Ante la inminente implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todas las entidades federativas, es imprescindible que la perspectiva de género se consolide en los servicios brindados a las mujeres, especialmente en juzgados y ministerios públicos, alertó Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
En el marco del Foro “Impartición de justicia con perspectiva de género”, la funcionaria federal subrayó que al dictar buenas sentencias se sientan precedentes que pueden ser utilizados para que cada vez más mujeres accedan a la justicia y obtengan la reparación del daño.
“Necesitamos operadores de justicia que le pongan el nombre justo a la violencia que viven las mujeres, aplicando las medidas idóneas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, aseveró.
Cruz Sánchez enfatizó que se debe tener la capacidad de identificar con claridad todos y cada uno de los casos de violencia, aprender a contabilizarlos y a registrarlos con rigor, porque de esas acciones depende mucho que las políticas lleven verdadera igualdad y justicias para las mujeres.
Los y las magistradas que dictan sentencias con perspectiva de género, sostuvo, reivindican la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia y la motivan a denunciar.
Cruz expuso que para lograr que las víctimas de violencia alcancen justicia, México necesita servidoras y servidores públicos más informados, más responsables y más comprometidos con la aplicación de la perspectiva de género en el desempeño de su labor.
Las víctimas de violencia de género, explicó, atraviesan complejas circunstancias personales, matizadas por desvalorización, pérdida de autoestima, culpabilización, sentimientos de impotencia y desprotección, aunado al aislamiento social, la falta de redes de apoyo, el desconocimiento de sus derechos o la imposibilidad de ejercerlos por miedo, por dependencia económica o emocional respecto de su agresor.
Las y los juzgadores, destacó, tienen el primer contacto con estas mujeres: “su acción decidida, acompañada de la sensibilidad que cada caso requiere, puede comenzar a empoderarlas, facilitando el rompimiento del vínculo abusivo que los agresores les imponen, salvaguardando su vida y garantizándoles el debido proceso.
La presidenta del INMUJERES manifestó que con el recientemente publicado Código Nacional de Procedimientos Penales, las y los operadores de justicia están frente al compromiso ineludible de actuar a la luz de los instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos humanos de las mujeres.
