El presidente Municipal de Santa Lucia del Camino Galdino Huerta, anunció que se cerraran los 280 “giros negros” que operan de manera indebida en su demarcación, – que esta ubicada en la periferia de la Ciudad de Oaxaca, porque promueven la trata de persona, el tráfico de drogas y la violencia.
Un grupo de empresario dueños de bares, cantinas y club nocturnos conformaron una organización para denunciar presuntos excesos cometidos por el ayuntamiento de tal demarcación, para obligarlos a pagar una presunta cuota por derecho de piso.
Los propietarios de los establecimientos involucraron en las presuntas acciones indebidas a regidores y funcionarios municipales diversos, quienes incluso piden cuotas sin firma para dejarlos operar.
Debido de las irregularidades detectadas en la operación de los negocios, también se revocó el cargo a la regidora de Vinos y Licores, Catalina Díaz Olmedo quien presuntamente ofreció respaldo a los giros negros a cambios de recibir pagos mensuales irregulares.
La concejal se encadenó de las puertas del Palacio de Gobierno para exigir su restitución, advirtiendo que se cometió un abuso de autoridad en su contra.
En respuesta el alcalde Galdino Huerta, aceptó que se esta realizando una fiscalización de todos los llamados giros negros, conforme a la ley de ingresos que se ejecuta a través de la regiduría y comisión de comercio hacienda, junto con la de espectáculos, vinos y licores para regular la operación de todos los comercios que se encuentren en sus demarcación.
“Se trata de poner en orden los que esta mal, incluso clausurar los negocios que operen fuera de la ley”.
Dijo que se han establecido operativo conjunto con la policía para iniciar el cierre de giros negros en lo particular.
Aceptó que no hay un padrón confiable respecto al número de establecimientos, advirtiendo que algunos tienen permisos de operación ilegales expedidos por gobiernos municipales en otras administraciones.
“Tenemos información que en la última administración, se otorgaron poco más de 200 permisos que serán cancelados porque no fueron autorizados en apego a la ley y la norma”.
Afirmó que en muchos de estos negocios no hubo revisiones ni fiscalizaciones en los últimos tres años y por ello existe la renuncia de una gran mayoría para no someterse al imperio de la ley.
Abundó que una vez que se pueda establecer un padrón confiable se iniciará la depuración del mismo, cerrándose todos aquellos negocios o establecimientos que sea considerados como un peligro para la paz social de la comunidad.
Con respecto a la revocación del cargo de la regidora que se encadenó, el munícipe puntualizó que esta no se debió a una decisión personal, sino a una determinación mayoritaria de los integrantes del cabildo, que analizaron las pruebas presentadas en su contra y optaron por acordar su destitución.
