La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analiza si las leyes aprobadas recientemente en Quintana Roo, Puebla y Chiapas en materia de marchas y manifestaciones, afectan las garantías individuales.
“Si es el caso de que entra en contradicción con algún aspecto de los derechos humanos, seguramente interpondremos una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva entrevistado en el Senado de la República.
La víspera el Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, en la cual se permitirá que los policías porten armas durante las manifestaciones.
En ese sentido el titular de la CNDH afirmó que analizará dicha ley así como otras similares como laLey de Ordenamiento Cívico, aprobada en Quintana Roo y como el Código para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública en Chiapas para verificar si compete o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenir.
Precisó que el Departamento Jurídico de la CNDH lleva a cabo una revisión cuidadosa de las normatividades citadas, por lo que pidió esperar ‘al análisis que hagamos, para entonces sí poder hacer la consideración respectiva de si es contrario a algún punto de los previstos en la propia Constitución’.
En este contexto, el obmbudsman nacional destacó que el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas debe estar plenamente garantizado en las leyes y también hacer efectivo por los gobiernos.
Raúl Plascencia acudió a la sede senatorial para sostener una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de explicar los resolutivos de la recomendación 80/2013 por la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
