“Hemos iniciado una queja en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado , la Secretaria General de Gobierno y la Secretaria de Seguridad Publica, porque consideramos que existen elementos para presumir que ha habido omisiones por parte de algunos funcionarios “ en el caso de San Juan Cotzocón.
Así lo expresó Juan Rodríguez Ramos, Visitador General de la Defensoría los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a propósito de la cuestionada intervención de los tres órganos del gobierno estatal en el conflicto que envuelve al pueblo mixe.
De acuerdo a lo establecido en un expediente existente en la Defensoría, el conflicto se originó por un problema postelectoral, donde participaron tres candidatos a la presidencia municipal, el cual se rige por usos y costumbres. Dos candidatos eran originarios de la agencia principal, San Juan Cotzocón, y uno de la agencia María Lombardo.
Al favorecerle el triunfo al candidato originario de María Lombardo, los candidatos perdedores se inconformaron y sus seguidores empezaron a vulnerar las garantías individuales de sus opositores.
Según el expediente en febrero se empezaron a dar una serie de detenciones que se agravaron en el mes de mayo. Pues bajo el argumento de que un grupo de personas no pagaban la caja de ahorro de la comunidad, los simpatizantes de uno de los grupos perdedores, comenzaron a privar de la libertad a las personas. Detenciones arbitrarias y constitutivas de delito. Detenciones de particulares hechas por particulares, y no por una autoridad municipal.
Por ello el funcionario “consideró que no es posible que después de seis meses un grupo de personas ejerzan actos de facto contra otras y no sepamos que está haciendo la Procuraduría. Desde la defensoría estamos pidiendo un informe para que nos diga si hay averiguaciones previas en contra de las personas que están violando derechos en la comunidad. En qué estado se encuentran, o si ya ejerció acción penal en contra de alguno de ellos “mencionó el visitador encargado de tema Cotzocón.
En cuanto a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Rodríguez Ramos puntualizó que hay reportes de que la seguridad en la zona está muy vulnerable. Hay cadenas en las entradas a las comunidades que impiden el libre tránsito,agregó. Por eso, dijo, solicitamos a la SSP nos digan qué acciones ha realizado para garantizar el libre tránsito de los habitantes de San Juan Cotzocón. Que nos informen sobre cuáles han sido los recorridos de vigilancia que han desarrollado en la zona y que estos sean suficientes para garantizar la seguridad de los habitantes.
Mientras que la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO), dijo, solicitamos nos informe cuáles han sido las acciones concretas que ha realizado, tendientes a garantizar una armónica convivencia dentro de la comunidad , tales como la instauración de mesas de diálogo que permitan que la gobernabilidad regrese a la población.
Agregó que la defensoría presume que puede haber violaciones a los derechos humanos por la falta de actuación de estas tres dependencias. Las quejas fueron mandadas el pasado dos de junio, y los órganos cuestionados tienen un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta.
Respecto a los señalamientos de algunas de las personas violentadas de que la Defensoría a su cargo no dio respuesta oportuna a sus denuncias, Rodríguez Ramos argumentó que “hemos sido activos en el tema”. Desde diciembre, dijo, ¨hemos estado trabajando en eso, yo entiendo a la gente que espera una actuación inmediata y total” aseveró el visitador y explicó que la Defensoría no tiene competencia directa sobre particulares, pero que al menos en tres ocasiones se le dictaron medidas cautelares a la Procuraduría de Justicia del Estado sobre la gravedad del conflicto y su efecto transgresor sobre las garantías individuales de los habitantes de Cotzocón.
A juicio de Rodríguez Ramos lo más grave de que en estos momentos la población de San Juan Cotzocón se encuentre en la indefensión, es que se encuentra aún más indefensa si las autoridades del Estado no intervienen oportunamente, concluyó.
