Este 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El lema escogido para este año es claro: ‘Ampliemos la protección social: ¡eliminemos el trabajo infantil!’, un slogan con el que se hace enfáisis en un problema por el que organizaciones como la ONU llevan años de lucha. En 2013, el mensaje escogido fue el de ‘No al trabajo infantil en el trabajo doméstico’.
Actualmente, un gran número de niños hacen trabajos domésticos, remunerados o no, en los hogares de terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, estos menores son particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abuso son muy frecuentes.
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y todos y cada uno de nosotros.
Este año, en el Día mundial contra el trabajo infantil se hace un llamamiento a favor de:
Acelerar el ritmo de los progresos
Las últimas Estimaciones mundiales de la OIT sobre el trabajo infantil, publicadas en septiembre de 2013, revelan que el número de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido en un tercio desde el año 2000, pasando de 246 a 168 millones. El número de niños en trabajos peligrosos se sitúa en 85 millones, lo que representa una disminución significativa respecto a los 171 millones de niños registrados en el año 2000. La mayor parte de este avance se logró entre 2008 y 2012, cuando la estimación global del número de niños en trabajo infantil disminuyó en 47 millones, pasando de 215 a 168 millones, y el número de niños en trabajos peligrosos se redujo en 30 millones, pasando de 115 a 85 millones. A pesar de este progreso, no se logrará la meta fijada por la comunidad internacional, como una prioridad en el marco de la lucha global de erradicación del trabajo infantil, de eliminar sus peores formas para 2016. Para tener alguna posibilidad de alcanzar esa meta en breve plazo, tenemos que acelerar e intensificar nuestros esfuerzos sustancialmente.
Acelerar el ritmo de los progresos exige medidas que aborden las causas fundamentales del trabajo infantil, y la protección social es un elemento clave de la respuesta. Al proteger a los niños y a sus familias, la protección social contribuye a dar a todos los niños las mismas oportunidades para desarrollar su potencial y tener una vida saludable, feliz y productiva.
La protección social – mantener a los niños alejados del trabajo
La pobreza y los choques económicos son los principales factores que impulsan a los niños a trabajar. Los hogares pobres tienen más probabilidades de tener que recurrir al trabajo infantil para satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a la incertidumbre. La exposición a situaciones que engendran una pérdida de ingresos de la familia, puede tener un efecto similar en las decisiones del hogar. Por ejemplo, los choques económicos, como la pérdida de empleo de un miembro adulto de la familia, las situaciones imprevistas relacionadas con la salud, como una enfermedad grave o un accidente de trabajo, y otras situaciones adversas en el ámbito de la agricultura, como la sequía, las inundaciones y las malas cosechas, pueden reducir drásticamente los ingresos de los hogares e impulsar a los niños a abandonar la escuela y a ponerse a trabajar para contribuir al ingreso familiar.
La protección social tiene como objetivo proporcionar apoyo a las familias pobres, y asistencia para que puedan hacer frente a los diversos choques. Entre los instrumentos de protección social que son de gran ayuda en la lucha contra el trabajo infantil figuran:
Los programas de transferencias en efectivo y en especie, condicionados o no, que mejoran la seguridad del ingreso de las familias y facilitan el acceso a la educación y a la atención sanitaria ayudan a prevenir el trabajo infantil y promueven la inscripción de los niños en la escuela o un control médico regular de los mismos.
Los programas públicos de empleo, que ofrecen empleos a los adultos para construir y mejorar carreteras, escuelas, centros de salud y similares, y al mismo tiempo ayudan a asegurar que los que trabajan son adultos y no niños.
La protección social de la salud, que garantiza el acceso a la atención sanitaria y a la protección financiera en caso de enfermedad, y que puede evitar que los hogares envíen a sus hijos a trabajar cuando un miembro de la familia cae enfermo.
Las prestaciones de maternidad, que protegen a las mujeres embarazadas, madres que han dado a luz recientemente y que prestan cuidados a los recién nacidos, tienen una incidencia clave en la mejora de la salud de las madres y de los niños, y evitan que los hijos mayores tengan que trabajar para compensar la pérdida de ingresos de las madres.
La protección social para las personas con discapacidad y las personas que sufren de lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo, evita que los hogares recurran al trabajo infantil.
La seguridad del ingreso en la vejez, el proporcionar pensiones a las personas mayores ayuda a proteger a las generaciones más jóvenes, contribuyendo a la seguridad económica de la familia en su conjunto.
La protección por desempleo, brinda a los adultos ingresos de sustitución, al menos parciales, en caso de pérdida de empleo, lo que reduce la necesidad de depender de los ingresos de los niños trabajadores.
Estos instrumentos son complementarios y, en consecuencia, las prestaciones en efectivo y los servicios deben coordinarse adecuadamente. No existe un instrumento de protección social único para abordar el trabajo infantil. Un sistema de seguridad social bien diseñado comprenderá una combinación precisa de intervenciones diseñadas para adaptarse mejor a las necesidades nacionales.
Los sistemas de financiamiento social bien diseñados, como sistemas adecuados de microcrédito y microseguro, incluso a través de cooperativas de crédito democráticas, también pueden desempeñar un importante papel complementario para garantizar que las familias vulnerables no encuentren cerradas las puertas de los servicios financieros que necesitan.
