En este marco, Cué Monteagudo externó su beneplácito por la realización de este Ciclo de Conferencias, que en mucho habrá de contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos en el país, toda vez que tiene el objetivo de promover y proteger los derechos de los individuos con mayor eficiencia y calidad jurídica.
“Con ese espíritu, en el primer año de nuestro gobierno, impulsamos una reforma constitucional sin precedente y de gran profundidad, en la cual buscamos fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, mediante la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca”, agregó.
Por ello, la sociedad oaxaqueña cuenta ahora con un órgano defensor con mayores facultades, con plena autonomía y fortaleza ciudadana, para prevenir y evitar que se conculquen los derechos de la sociedad oaxaqueña, así como de las personas que transitan por el territorio estatal.
Asimismo, se creó la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, que ha permitido atender en su totalidad las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por los organismos defensores de orden local, nacional e internacional.
Este importante foro de análisis organizado por la Comisión del Sur Sureste del Senado de la República y la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Oaxaca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contó con la participación del Ministro, Alberto Pérez Dayán; el Magistrado, Pedro Esteban Penagos López; la Magistrada Ana Mireya Santos López; el Magistrado, Alfredo Lagunas Rivera así como el Senador Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República.
Se fortalece autonomía del Poder Judicial de Oaxaca
En su oportunidad, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera, expresó que el Poder Judicial del Estado hoy más que nunca denota un compromiso para la impartición y administración de justicia, el cual debe cimentarse sobre los principios de imparcialidad, excelencia, independencia, objetividad y profesionalismo.
Para tal efecto, refirió que para encauzar las exigencias de los tiempos actuales y materializar el espíritu de la Reforma Constitucional, se han delimitado diversas estrategias y líneas de acción, entre ellas la instalación del Consejo de la Judicatura en mayo de 2012, órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
Asimismo, en septiembre de 2013 se implementó el Sistema Acusatorio Adversarial -juicios orales – en las regiones de la Costa y Cuenca. En octubre de ese mismo año quedó formalmente instalada la Sala Constitucional como instancia competente para conocer y resolver – entre otras cosas- juicios para la protección de los derechos humanos.
Finalmente, Lagunas Rivera destacó que con estas acciones se evidencia la voluntad coordinada con el Gobierno del Estado para generar políticas públicas que ayudarán a superar los obstáculos que impiden el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, lo cual redundará en que la ciudadanía devuelva su confianza y esperanza en las instituciones públicas como garantes de la paz, justicia y dignidad de todo ser humano.