El incremento de operativos contra la trata de personas no ha significado una disminución del delito, pero sí la revictimización de las mujeres que en su mayoría son obligadas a testificar o son detenidas durante el tiempo que dure la investigación, violando con ello sus derechos humanos, coincidieron especialistas en el tema.
Entrevistadas por EL UNIVERSAL, Mónica Salazar, directora del Colectivo Contra la Trata de Personas y Verónica Caporal, investigadora delCentro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata, coincidieron en que las mujeres que son “rescatadas” en operativos son revictimizadas al solicitarles contra su voluntad una testificación o en ocasiones son maltratadas física y psicológicamente.
En un análisis elaborado por este diario, a través de solicitudes de información, se reportó un incremento en el número de operativos ocurrido en el último semestre de 2013, en el cual se llevaron a cabo 236 operativos.
Ante las acciones implementadas contra la trata de personas en el Gobierno del Distrito Federal(GDF), algunas víctimas mencionaron el trato inadecuado de elementos policíacos, como lo denunciaron algunas bailarinas del table dance Calígula Men’s Club, quienes difundieron un video donde una autoridad las trata de manera grosera.
El caso de el Calígula es una muestra de lo que parece ser una práctica común en este tipo de operativos que se han multiplicado.
Aumentan operativos
El operativo en la sucursal Roma es uno más de los que se han realizado a partir de la creación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, en mayo de 2013.
De acuerdo con el informe Estadística sobre la eficiencia en el combate a la Trata de Personas en México, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), a partir de mayo de ese año se implementaron 120 operativos, pero de 2007 a noviembre de 2013 se desplegaron 404 acciones, es decir, en sólo un semestre se efectuaron 29% del total.
Rodolfo Ríos Garza, procurador del Distrito Federal, ha señalado de manera pública una cifra más alta, pues dijo que desde la creación de la Fiscalía se ejecutaron más de 236 operativos, lo cual significaría que éstos aumentaron 50% desde 2007.
A partir de estas cifras se identificó que han habido múltiples acciones desde la creación de la Fiscalía. El informe del ONC se basó en información proporcionada por la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La Fiscalía anti-trata indica, a través de una solicitud de información presentada por este diario, respondió que no tiene digitalizada la información sobre dónde se ejecutaron dichos operativos. Sólo señaló que se realizaron “en hoteles, loncherías, bares, casas de citas, spas, de diversas colonias, de varias delegaciones del Distrito Federal”.
En este marco, en el cual la implementación de operativos creció de manera exponencial en el último semestre de 2013, se ubicó al caso El Calígula Roma como uno entre cientos. Ya se implementaron otros operativos mediante denuncia anónima. El caso del table dance El Cadillac, es un proceso que se dio tras una denuncia de violación al interior. Varias bailarinas se retractaron en su declaración, al señalar que no sufrieron explotación sexual y que fueron obligadas a decir lo contrario. Sin embargo, las autoridades consideraron que fueron amenazadas .
Revictimización y aleccionamiento
Mayryn, una bailarina del table dance Calígula Roma, relató en un testimonio público: “Somos violentadas por los elementos de seguridad que según nos van a rescatar como víctimas”.
Ella consideró que se les violentó desde el principio y se les exhibió ante los medios de comunicación cuando no debió ser así.
En el caso Calígula Roma, los abogados de las bailarinas fueron acusados por la Fiscalía anti-trata de aleccionar a las chicas para responder en una declaración, lo cual está prohibido, pues incurren en responsabilidad, de acuerdo con Mónica Salazar.
La abogada indicó que “legalmente lo que (las autoridades) están haciendo mal, desde una visión de derechos humanos, es que no están aportando pruebas debidas más allá del testimonio de unas personas. Lo están haciendo en investigaciones basadas en denuncias anónimas”.
Víctima o victimaria
Para Mónica Salazar, el que les digan a las presuntas víctimas: “Tú eres víctima o victimaria, como quieras”, es ilegal porque entonces violentan el debido proceso.
“Cuando una persona no se reconoce como víctima tienes que hacer un trabajo de investigación y de acompañamiento hasta que la persona diga que los elementos que le estás ofreciendo son suficientes para que se reconozca como víctima. O en casos que son de cultura elemental de trata de personas, se considera si hubo un traslado, un sometimiento o explotación, entonces es trata”. Como las autoridades no encuentran todos los elementos probatorios le dejan a la víctima decidir si es víctima o victimaria, explica.
Por su parte, en entrevista, Verónica Caporal, investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata (CEAPyT), señala que “las víctimas de trata no traen un código de barras que diga ‘soy víctima de trata’, porque no es una cuestión identitaria. Además es una categoría jurídica. Son víctimas en la medida que entran en un proceso penal jurídico. Antes no lo son”.
De acuerdo con la experta, las mujeres que salen de los operativos “pueden decir: Yo soy prostituta, yo soy teibolera, en ese asumirse en una actividad. Quien defiende el tema del trabajo sexual diría: Pues yo estoy trabajando. Sin embargo, la parte que yo defendería es que más allá de que sean prostitutas, víctimas o bailarinas, están siendo explotadas sexualmente, en la modalidad que sea. Entonces, llegan y las sacan”.
La especialista explicó que reconocerse como víctima es un proceso identitario que no han entendido las autoridades. Ellos quieren llegar y hacer las detenciones, y podría ser que estén siendo explotadas, pero ellas en su cotidiano no se asumen como una víctima de trata o de explotación sexual.
Faltan investigaciones proactivas previas a los operativos
“Se ha difundido que en todos los operativos hay una investigación proactiva previa y que no se han realizado sólo por denuncia anónima sino que lo están haciendo con rigurosa investigación”, explicó Mónica Salazar.
Sin embargo, lo cuestiona: “Si hubieran tenido una rigurosa investigación previa y una debida diligencia, es decir, que hayan cubierto todos los requisitos necesarios, que los deben tener para operativos”, no llevarían en tiempo récord de cuatro meses más de 200.
Según la especialista, la Fiscalía está catalogando los presuntos sitios de explotación como giros negros. “Pero el que tengan una actividad vinculada al sexo no los convierte en un giro negro, así está estructurado en lo administrativo”.
Desde el punto de vista administrativo, el giro no es ilegal, entonces las autoridades se apoyan de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para legitimar sus intervenciones, ordenamiento que recientemente fue reformado, y que ahora se llama Ley General en Materia de Trata de Personas.
La especialista considera que a las intervenciones les ha faltado una investigación rigurosa. Pone como ejemplo el caso del table dance Solid Gold, donde se encontraron pruebas fehacientes del delito, indicios de golpizas, de violaciones masivas y aún así, dejaron ir a las víctimas.
“Ese caso está acreditado con treinta y tantas víctimas y solamente se identifican cuatro”, debido a la carencia de investigaciones proactivas que permitan un seguimiento preciso del delito.
Verónica Caporal explicó que el problema es con la procuración de justicia. “El sistema de impartición de justicia de este país tiene presupuesto etiquetado anual para meter a cinco en la cárcel. Entonces, lo que le interesa al Estado cuando tiene a las mujeres en los albergues, refugios o bajo su protección, es que les permita detener tratantes o proxenetas, gente que está involucrada en el delito, aunque sean los que están abajo de la estructura organizativa”, concluyó.
