El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé pedir al Congreso nuevos fondos, por valor de 2 mil millones de dólares según la prensa, para afrontar el flujo de niños centroamericanos que llegan solos a la frontera, mientras busca dar más autoridad a su Administración para acelerar su deportación.
Según dijo hoy un funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que está por confirmarse la cifra de esos fondos, el mandatario enviará mañana lunes una carta informando al Congreso de su decisión de pedir “nuevos recursos y más flexibilidad” para lidiar con la llegada de los niños inmigrantes y se espera que solicite formalmente los fondos a partir del 7 de julio.
Además de la solicitud monetaria, dirigida a los esfuerzos humanitarios y de seguridad derivados de la llegada masiva de niños, Obama pedirá al Congreso que revise las normas actuales para dar más autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin de acelerar la deportación de los niños centroamericanos.
Queremos trabajar con el Congreso para (…) proporcionar al secretario de Seguridad Nacional más autoridad para tomar decisiones a la hora de procesar el regreso y deportación de los menores solos de países no contiguos (a EU) como Guatemala, Honduras y El Salvador”, señaló el funcionario, que pidió el anonimato.
Además, la Administración quiere pedir al Congreso más flexibilidad para aumentar las penas contra aquellos que trafican con migrantes vulnerables, como los niños, indicó.
La ley estadunidense prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional deportar a los niños inmigrantes inmediatamente después de su llegada al país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con este, por lo que no puede hacerlo con los menores que vienen de Guatemala, Honduras o El Salvador.
El Gobierno de Obama busca obtener la autorización del Congreso para hacer ese proceso más similar al de los niños que llegan desde México, que pueden ser deportados más fácilmente.
Los niños centroamericanos interceptados al llegar al país son reubicados en instituciones federales o con parientes dentro del país a la espera de que su caso avance a través del sistema de justicia migratoria estadounidense, un proceso lento pero que conduce a la deportación en la mayoría de los casos.
Cuando el Congreso vuelva de su receso actual, a partir del 7 de julio, el Gobierno solicitará los 2 mil millones de dólares más, una cifra que adelantaron los diarios The Washington Post y The New York Times y que el funcionario consultado insistió en que aún no es definitiva porque la Casa Blanca aún está ultimando su plan.
El funcionario dijo que el Gobierno quiere que esos nuevos fondos financien una “legislación de gasto suplementario de emergencia” para contar con los “recursos necesarios para detener, procesar y cuidar adecuadamente de los niños” detenidos en la frontera, que suman unos 52 mil en los últimos 9 meses.
La legislación incluiría además “una estrategia agresiva de disuasión centrada en la deportación y repatriación de inmigrantes que han cruzado la frontera recientemente”, un aumento “sostenido” en la seguridad en la frontera y un aumento “significativo” de los jueces de inmigración, que se dedicarían con prioridad a la crisis.
Por último, los fondos permitirían aumentar la cooperación con los países de Centroamérica para repatriar a los inmigrantes, “afrontar las causas que están en la raíz de la migración y comunicar las realidades de estos viajes peligrosos” a los ciudadanos centroamericanos, puntualizó el funcionario.
