El presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, exigió al Gobierno Federal el cumplimiento del mandato constitucional de la reforma al Sistema de Justicia Penal de 2008, sobre todo en materia de derechos humanos.
Apuntó que los lamentables acontecimientos ocurridos en diferentes entidades del país, en donde han estado involucrados autoridades y policías municipales, estatales, federales y hasta el propio ejército mexicano ponen en evidencia la grave crisis en materia de derechos humanos que enfrenta el país, sobretodo de protección a las víctimas.
El legislador federal refirió que un estudio de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) reveló que en México el avance en materia de derechos humanos es nulo; por ello consideró que el país vive un serio retroceso en la salvaguarda de los derechos de las personas.
“Esta crisis en materia de derechos humanos se presenta a la par del mínimo avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal, a pesar de que el plazo previsto en la reforma constitucional establece que deberá estar operando en el 2016 sin que a la fecha se vean los avances para su implementación”, aseveró el legislador federal.
En este sentido Benjamín Robles añadió que la oficina norteamericana señala graves rezagos en materia de tortura, desapariciones forzadas, vejación de migrantes en su tránsito por territorio nacional, ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Esta problemática, enfatizó el senador oaxaqueño, la ha denunciado reiteradamente ante la falta de acciones eficaces por parte del Gobierno Federal para hacer frente a estos graves flagelos que han sumido a México en un estado de incertidumbre e inseguridad.
“La sociedad ha perdido la confianza en la autoridad, las graves violaciones a los derechos humanos nos deja indefensos ante el poder del Estado, que en lugar de hacer valer tales derechos emprende sofisticados mecanismos para evadir su responsabilidad”, fundamentó Robles Montoya.
Para conocer el posicionamiento del Ejecutivo, el representante popular presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación informe al Senado sobre el estado que guarda el mandato constitucional derivado de la reforma al Sistema de Justicia Penal de 2008.
