La empresa española, Abengoa, entre cuyos consejeros se encuentra Carlos de Bobrón-Dos Sicilias, primo del rey Juan Carlos, se adjudicó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por 1,550 millones de dólares para la construcción de la mayor planta de ciclo combinado en México, de 924 megavatios en Ciudad Juárez.
Así lo informó ayer el grupo español mediante un comunicado en el que precisa que el contrato incluye la operación y mantenimiento de la planta durante 25 años y que los trabajaos durarán 30 meses.
La noticia provocó la subida en un 15% de las acciones de Abengoa en la bolsa madrileña. Un repunte que habla del resurgir de esta compañía, que mantiene una deuda cercana a los 13,500 millones de euros. En noviembre del año pasado sus acciones en bolsa cayeron hasta un 35%.
La inyección económica que supone el contrato con la Comisión Federal de Electricidad contribuye a aliviar la situación financiera de la empresa, pues eleva su carteta de ingeniería y construcción en 9,300 millones de euros.
El martes de la semana pasada la empresa anunció una alianza con el fondo estadunidense EIG, para construir en conjunto los proyectos adjudicados a la española, entre ellos los de México.
Se trata de una empresa que no le resulta ajena a los gobiernos mexicanos. En 2009 le fue adjudicada la construcción por 3,500 millones de pesos, del Centro Cultural Mexiquense de Texcoco, a través de la sociedad Coaben, de la que también forma parte Concretos y Obra Civil del Pacífico, de la que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, controla el 48% de las acciones.
Coaben tiene la concesión de este centro durante 20 años con un costo total para el gobierno mexiquense de 3 mil 500 millones de pesos, casi 180 millones de pesos de forma anuales. Con esta sociedad Abengoa ha realizado diversas obras en México.
Pero hay otro tema por el que Abengoa es conocida en México. En abril de 2013 Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, ganaron al país azteca un arbitraje del Banco Mundial en torno al confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo.
Un procedimiento que la compañía española inició en septiembre de 2009, ante la negativa de las autoridades, tanto del municipio hidalguense como del gobierno federal, de permitir ahí la instalación de una planta de almacenaje de residuos.
Para Abengoa, la decisión de México representaba una violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y España, por lo que acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, para demandar al país una cantidad superior a los cincuenta millones de dólares, por los daños causados.
El caso se inició en 2007 cuando el alcalde priista, Eusebio Aguilar, otorgó el uso de suelo a Befesa, filial de Abengoa, para que instalara una planta de almacenamiento de residuos tóxicos y no una planta de reciclaje, como se estableció en un principio.
Hecho que originó protestas entre los habitantes de la zona, que denunciaron irregularidades en el otorgamiento de los permisos. El gobierno federal, encabezado entonces por Felipe Calderón, ordenó un cerco policial para resguardar las instalaciones de la compañía española.
En 2009 el alcalde perredista José María Lozano revocó los permisos, pese a que el entones secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira, había advertido que la empresa tenía sus papeles en regla y que ésta acudiría a instancias internacionales, lo que derivaría en el pago de una cantidad millonaria, misma que tendría que asumir el municipio de Zimapán.
