Pronto, más datos del caso; no se han divulgado porque abogados de familiares dijeron que son muy fuertes.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, continuó ayer en defensa de las fuerzas armadas y de la investigación a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el ataque contra normalistas de Ayotzinapa.
Ante la exigencia de familiares de los 42 estudiantes desaparecidos de que se les permita entrar a todas las instalaciones militares de Guerrero para indagar la posible participación de soldados en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasado, el funcionario respondió que los cuarteles no tienen hornos de cremación.
La Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, encomienda los servicios funerarios –y de incineración– a una empresa privada. El local más cercano (al ataque contra los jóvenes) está en Cuernavaca, comentó.
Adelantó que en los próximos días la PGR hará un anuncio importante sobre las indagatorias acerca del paradero de 42 de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa secuestrados ese día. A la fecha sólo se ha comprobado la identidad, por métodos de revelación forenses, de uno de ellos.
Dijo que los datos no se han revelado porque en diciembre, cuando se iban a dar a conocer las declaraciones de los presuntos autores de los crímenes, los abogados de los padres de los estudiantes les dijeron que eran muy fuertes como para ser escuchadas por sus defendidos.
Osorio Chong insistió en que la solicitud para entrar a los cuarteles es una estrategia para desviar la atención e involucrar a las fuerzas armadas. Ni hay sustento ni se lo merecen y, por supuesto, no lo vamos a permitir (que se les señale).
En entrevista radiofónica, precisó que la invitación a los cuarteles es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que se le autorizó poder invitar a quien considere; particularmente hablo de los padres de familia.
También ofreció algunos detalles contenidos en la averiguación previa; por ejemplo, que sólo han declarado ocho de los estudiantes sobrevivientes al ataque, quienes hicieron referencia a los soldados.
Las autoridades de la escuela no han declarado; hay muchas preguntas que responder a partir de qué estaban haciendo, a qué acudieron a esas horas los jóvenes y a qué los llevaron a Iguala; segundo, dentro de las declaraciones que hacen los jóvenes sí refieron que vieron a soldados, dijo Osorio.
Según los testimonios incluidos en el expediente, también declararon 26 soldados del batallón de infantería ubicado en Iguala. Según el gobierno federal, la participación de los elementos castrenses fue sólo en la clínica, cuyo director los llamó al suponer que los normalistas que llegaron ahí estaban armados.
Cuando llega el Ejército a este lugar, y hay fotos, yo las vi, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les dicen que se vayan, que no los requieren, señaló.
Acorde con los comentarios de Osorio Chong, la mayor acusación de los estudiantes en ese episodio es que no les permitieron hacer llamadas telefónicas.
Indicó que en la reunión pasada entre funcionarios y familiares de las víctimas, se les reiteró que sí pudo haber ocurrido una incineración colectiva de cadáveres; dijo que los encuentros no son fáciles, en principio porque el expediente del caso está integrado por más de 90 tomos.
En otro asunto, señaló que se evaluará el plan federal para Michoacán, entidad en la que en los pasados 12 años se permitió la expansión de la delincuencia. Vamos a ir en los próximos días; haremos una evaluación y tomaremos decisiones. Dijo que la mayoría de los michoacanos está en favor de la permanencia del comisionado federal para esa entidad.
