A menos de cinco meses de las elecciones del 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce tener problemas con el nuevo modelo para fiscalizar los recursos de los partidos y candidatos, derivados de diferencias con el grupo de empresas al que encargó desarrollar la tecnología en la materia.
El nuevo esquema de fiscalización quedó establecido con la reforma político-electoral promulgada en febrero de 2014 y busca agilizar la revisión de los gastos de fuerzas políticas y aspirantes, con el objeto de detectar y sancionar irregularidades con rapidez.
Por lo anterior, el 30 de septiembre el INE otorgó un contrato a un grupo encabezado por la empresa Scytl México para que desarrollara la tecnología en cuestión. Sin embargo, según ha advertido el instituto a lo largo de este mes, el consorcio incumplió con los plazos de entrega.
El contrato se adjudicó tras un concurso por invitación restringida, es plurianual y asciende a un monto de 61 millones 34,402 pesos, según reportó el diario Reforma el 6 de enero.
El INE informó un día después en un comunicado que la primera parte del sistema debía ser entregada el 14 de diciembre, lo que no ocurrió y llevó a la autoridad electoral a evaluar qué acciones tomar.
“El INE reitera su compromiso de tomar todas las medidas que sean necesarias para cumplir oportunamente con la misión que se deriva del mandato constitucional de darle transparencia y riguroso control a cada peso que ingresa y se gasta en campañas electorales, en congruencia con el espíritu de la reforma electoral”, señaló entonces.
Dos semanas después, el 19 de enero, el instituto dio a conocer que inició acciones para rescindir el contrato al consorcio —al que acusó de “omisiones”— y anunció que con sus propios recursos comenzó el desarrollo de la tecnología necesaria para fiscalizar los gastos de partidos y candidatos.
“El instituto ya trabaja en el desarrollo de una aplicación informática que le posibilite cumplir oportunamente con sus atribuciones en materia de fiscalización. Para ello, cuenta con el apoyo de expertos en desarrollo de herramientas informáticas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)”, detalló en un comunicado.
En respuesta, Scytl México advirtió que demandará el INE por haber iniciado la rescisión de contrato. También aseguró que no pudo cumplir con la primera entrega del sistema porque el INE se retrasó en notificarle los requisitos técnicos de la tecnología en cuestión.
“Debido al retraso en la definición de los requerimientos funcionales por parte del INE, fue objetivamente inviable poder hacer una entrega parcial del sistema por parte de Scytl el 14 de diciembre de 2014, lo cual sin embargo no afecta a la entrega final del sistema del 3 de marzo de 2015”, señaló la compañía en una declaración citada por la agencia Notimex.
Al respecto, en un tercer comunicado sobre el tema, el INE informó este 20 de enero que sus funcionarios se reunieron con representantes de Scytl en varias ocasiones para saber los motivos de la omisión de la primera entrega, pero la empresa no dio “elementos convincentes” para acreditar su capacidad de cumplir con el contrato.
“El instituto y el proveedor en ningún momento han convenido modificación alguna a las fechas establecidas en el contrato (…) lo que el instituto está llevando a cabo tiene por objeto contar con plena garantía de que las campañas serán oportunamente fiscalizadas en cumplimiento de la Constitución”, señaló en su mensaje.
La fiscalización de los gastos de partidos y candidatos fue uno de los puntos clave de la reforma político-electoral debido a la controversia que este asunto causó en las elecciones presidenciales de 2012.
En esa contienda, los principales partidos de oposición acusaron una revisión deficiente a las erogaciones de la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la postre ganador de los comicios.
Para las próximas elecciones federales, en las que se renovará la Cámara de Diputados, las 10 fuerzas políticas nacionales recibirán 1,172.8 millones de pesos para gastos de campaña. Estos recursos públicos se sumarán a otros para cubrir actividades ordinarias y específicas, con lo que la bolsa total a repartir asciende a 5,356 millones de pesos.
