Era responsabilidad de los gobiernos estatal (de Guerrero) y municipal (de Acapulco) verificar el adecuado funcionamiento de Cremaciones El Pacífico, negocio ubicado en los suburbios acapulqueños, donde la madrugada de este viernes fueron hallados 60 cadáveres embalsamados y cubiertos de cal que tenían una antigüedad de seis meses.
Así se establece tanto en la Ley General de Salud de la entidad como en el Reglamento para Cementerios acapulqueño. Las autoridades de ambos niveles de gobierno tenían la potestad de sancionar y clausurar el establecimiento si no funcionaba adecuadamente. Y, por supuesto, ambos gobiernos estaban obligados y facultados para cerrar el lugar si operaba clandestinamente.
Eran Lázaro Mazón, ex secretario de Salud estatal (también promotor del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, hoy detenido por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), y Luis Walton, alcalde con licencia de Acapulco y aspirante a la gubernatura en las elecciones de junio próximo, los responsables de aplicar la ley estatal y hacer valer el reglamento municipal.
Funcionarios de ambos gobiernos confirmaron a MILENIO que desde mayo y junio del año pasado realizaron “inspecciones” en el lugar, ya que había quejas ciudadanas por los olores putrefactos que emanaban del sitio, se percataron de que estaba “abandonado”, pero… no hallaron cadáveres porque… no los buscaron. Tampoco procedieron ante denuncias de la operación clandestina del local.
Lázaro Mazón, en brevísima charla con MILENIO, intentó deslindarse y arrojar la responsabilidad hacia Felipe de Jesús Kuri, subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario.
“A él le tocaba. Lleva cuatro años en el cargo. Yo prefiero mantenerme alejado de estos temas…”, fue lo único que declaró.
Walton, alcalde de Acapulco hasta el pasado 26 de enero, se había comprometido a una breve entrevista con MILENIO, pero finalmente no contestó las llamadas y sus colaboradores indicaron que lo del crematorio y los cadáveres se trata de un asunto de su sustituto, Luis Uruñuela, presidente municipal desde hace semana y media, ya que él ahora “trata asuntos de su candidatura al gobierno estatal” y no esos temas de gobierno.
El artículo 14 del Reglamento de Cementerios de Acapulco establece que “las autoridades sanitarias municipales deberán estar informadas del estado que guardan los cementerios y hornos crematorios (…) públicos y privados, para lo cual se les inspeccionará periódicamente”.
El artículo 15 señala que “el H. Ayuntamiento” y sus servicios sanitarios están autorizados (…) para ordenar su clausura temporal o definitiva cuando estimen que constituyen un peligro para la salud pública”.
El artículo 34 establece que la Dirección de Salud y la Dirección de Panteones y Velatorios “verificarán que el establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de los hornos crematorios públicos y concesionados sea en óptimas condiciones” de acuerdo con lo que establecen las leyes y reglamentos municipales, estatales y federales.
El artículo 40 manda que los cuerpos sean cremados en un máximo de 48 horas después de la muerte de las personas.
La Ley de Salud del estado establece en su artículo 15, apartado B, inciso III, que corresponde al Ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría de Salud, “en materia de salubridad local, vigilar y procurar condiciones adecuadas de saneamiento en (…) cementerios, crematorios y funerarias (…)”.
En el artículo 23, apartado B, inciso I, la ley establece que es responsabilidad del gobierno estatal y su Secretaría de Salud constatar el buen funcionamiento de esos negocios y servicios: “Ejercer el control sanitario de los establecimientos y servicios a que se refiere el artículo 15 apartado B de esta ley y verificar su cumplimiento”.
El fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, informó que ya se giró un oficio de presentación en contra del dueño del horno crematorio, Guillermo Estua Zardain. Pidió apoyo a autoridades federales y a la Interpol.
En conferencia de prensa, el fiscal explicó que los 60 cadáveres pertenecen a hombres, mujeres y niños. El funcionario descartó en principio que se trate de un asunto de narcos: “Hasta el momento no tenemos indicios de delincuencia organizada”.
Dijo que luego de una serie de estudios de genética, antropología forense, criminalística y fotografía se podrá determinar las causas, fecha y hora de las muertes. Sin embargo, se informó que los cadáveres llevan un semestre así:
“Lo que sí podemos establecer es que tienen más de seis meses de fallecidos”, explicó el coordinador general de Servicios Periciales, José Manuel Martínez Hernández.
Según los primeros indicios, todo indica que se trata de un fraude cometido contra un número indeterminado de familias que llevaron cuerpos de sus seres queridos a ese crematorio donde no fueron incinerados. A cambio se les entregaba algún tipo de arcilla.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló: “Todas las hipótesis que hay hasta el momento señalan que se trata de un hecho fraudulento de los propietarios del crematorio, que recibían los cuerpos y, en lugar de incinerarlos, simplemente los encalaban y les entregaban a las familias algún otro tipo de ceniza”.
